La anulación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, tras un recurso del movimiento independentista saharaui Frente Polisario, no estaba justificada, aseguró este martes el abogado general del TJUE, un caso que tensa las relaciones entre Rabat y Bruselas.
La justicia europea anuló en diciembre los acuerdos cerrados en 2012 entre la UE y Marruecos en materia de productos agrícolas y de pesca, al considerar que Bruselas "no cumplió con su obligación de examinar" si podían afectar a los "derechos fundamentales" de la población saharaui.
El Consejo de la UE -que representa a los países del bloque- decidió recurrir esta anulación y Rabat, molesto por la decisión judicial, anunció la "suspensión de cualquier contacto" con el bloque.
Ahora los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deben pronunciarse después de escuchar al abogado general Melchior Wathelet.
Aunque propone anular la decisión judicial, Wathelet defiende que estos acuerdos no pueden aplicarse en la ex colonia española del Sahara Occidental, bajo control de Rabat desde 1975, ya que "no forma parte del territorio de Marruecos".
"Ni el acuerdo de asociación UE-Marruecos ni el acuerdo de liberalización pueden aplicarse" en territorio saharaui, asegura el abogado general.
Fuentes diplomáticas explicaron a la AFP que los acuerdos siguen vigentes a la espera de un fallo del alto tribunal y consideraron que las conclusiones del abogado general son de difícil aplicabilidad, ya que la UE no puede controlar si los productos marroquíes proceden de territorio saharaui.
La opinión expresada este martes "no anticipa el veredicto" del TJUE, pero "coincide con las expectativas" de Marruecos, se felicitó una fuente diplomática marroquí.
Aunque las conclusiones del abogado general van en la línea de lo defendido por el Frente Polisario, Wathelet rechaza también el recurso del movimiento independentista.
"La comunidad internacional reconoce al Frente Polisario sólo como el representante del pueblo del Sahara Occidental en el proceso político destinado a resolver la cuestión de la autodeterminación (...) y no como [un grupo] con vocación de defensa de los intereses comerciales", escribe.
El fallo de los magistrados del alto tribunal europeo se espera para finales de año, precisó una fuente diplomática.
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