EL PP PROPONE QUE LOS LITIGIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA SEAN CONOCIDOS POR LA JURISDICCIÓN SOCIAL

El Congreso de los Diputados debatirá esta semana una proposición no de ley del Grupo Parlamentaro Popular con el fin de que los litigios en materia de dependencia sean conocidos por la jurisdicción social.
La iniciativa del PP, que responde a una demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), insta al Gobierno "a realizar todas las acciones necesarias para que las controversias relativas a la valoración, el reconocimiento y la calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, queden definitivamente atribuidas a la jurisdicción social".
En la proposición no de ley, firmada por el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, y que será debatida por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, se indica que el hecho de que las controversias judiciales sobre autonomía personal y dependencia estén atribuidas actualmente a la jurisdicción contencioso-administrativa, "más formalista, lenta y gravosa que la social", entorpece la protección judicial del derecho subjetivo resultante de la Ley de Dependencia.
La propuesta del PP atiende a una demanda del Cermi, que ha reclamado al Gobierno que haga efectivo el mandato legal que obliga a que las controversias judiciales en relación con el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia sean conocidas por la jurisdicción social, y no por la contencioso-administrativa, como ocurre ahora.
La vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada en el año 2011, atribuye a esta jurisdicción los litigios relacionados con la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, pero aplazó el momento de su aplicación efectiva a lo que dispusiera una ley que el Gobierno debería remitir a las Cortes tres años después de su promulgación.
A juicio del Cermi, transcurridos esos tres años, que se cumplieron en diciembre en 2014, "es el momento de que el Ejecutivo remita ese proyecto de ley al Parlamento, de modo que los asuntos relativos a la dependencia sean competencia real de la jurisdicción social".
A pesar de ser un tema netamente social, las controversias de dependencia están atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, algo que según el Cermi "impide atacar las malas prácticas de las administraciones
sociales, dejando en buena medida indefensas a las personas en situación de dependencia que no están conformes con las decisiones de los poderes públicos que les perjudican".