Dos magistrados impugnan la maniobra del CGPJ para colocar a López y Velasco

En medios judiciales se considera que la designación de Eloy Velasco y Enrique López para la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional se aprobó mediante una maniobra. Una argucia legal del Consejo General del Poder Judicial que dejó fuera del concurso a magistrados con mayor antigüedad y mayor experiencia que otros candidatos para ocupar esas plazas. Las de la nueva supersala con poderes para revisar todas y cada una de las sentencias del tribunal que investiga y juzga los principales casos de corrupción económica y política.

Dos de los magistrados de la Audiencia Nacional que optaron a esos puestos han recurrido ante la Sala de lo Contenicioso-Administrativo del Tribunal Supremo los nombramientos. Manuela Fernández Prado y José Ricardo de Prada, ambos destinados en la Sala Penal de ese tribunal, consideran que la valoración de méritos que hizo el Consejo General del Poder Judicial estuvo viciada. Los dos tienen mucha más antigüedad y experiencia en lo penal que López y Velasco, aunque, en caso de que prospere su recurso y se anulen las designaciones, tienen muy pocas opciones de sustituirlos.

Los dos nombramientos fueron muy criticados en medios judiciales por dos razones. En el caso de López, por su trayectoria ligada al PP -que lo propuso como consejero del Poder Judicial y como magistrado del Tribunal Constitucional, y que lo acogió en numerosos actos de la fundación FAES- que le llevó a ser recusado por sus compañeros de la Sala Penal en todas las piezas del caso Gürtel, la principal causa de corrupción que afecta a ese partido.

En el caso de Velasco, su ascenso, solicitado por él mismo, ha servido para apartarlo de otros dos grandes casos relacionados con esa formación -Púnica y Lezo- en los que se investiga a algunos de sus miembros -el extesorero del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su sucesora Cristina Cifuentes, entre otros- por su supuesta financiación ilegal. En el CGPJ, los vocales conservadores (propuestos por el partido del Gobierno) son mayoría.

La selección de ambos magistrados, pese a no tener un carácter político y regirse por datos objetivos, fue muy peculiar. La ley establece como criterios para acceder a esos puestos la antigüedad en la carrera judicial de los candidatos y el tiempo que hayan permanecido en tribunales penales. Pero también establece una preferencia para los que tengan la condición de especialista en estos últimos.

Este último criterio fue en el que se apoyó la mayoría de la comisión permanente del CGPJ para elegir a López y Velasco. Un informe del gabinete técnico del órgano solicitado por los vocales determinó que los dos únicos candidatos que podían ser considerados especialistas eran López y Velasco, pese a que Fernández Prado y Prada, entre otros candidatos, tienen más experiencia en la justicia penal y mayor antigüedad.

La razón esgrimida por dicho informe es que tanto López como Velasco ascendieron de la categoría de juez a la de magistrado gracias a una oposición interna que les daba esa condición. Fernández Prado y Prada, junto a otra veintena de magistrados, también superaron unas pruebas de para lograr la especialidad penal, pero el Tribunal Supremo anuló estas últimas por motivos técnicos.

Es decir, tanto López y Velasco, como Fernandez Prado y Prada pasaron pruebas de especialidad, pero según el gabinete técnico del CGPJ, solo las de los dos primeros les dan preferencia para las dos plazas de la Sala de Apelaciones sobre otros candidatos que, sobre el papel, están más cualificados de ellos.

Los dos recurrentes consideran que esos criterios del gabinete técnico, son discriminatorios para varios de los candidatos, entre ellos los recurrentes. Y que, pese a tener más experiencia, se les impidió competir por los puestos con López y Velasco en condiciones de igualdad. Por eso piden al Supremo que, o bien reconozca la especialidad para todos los que hicieron esas pruebas, o no se la dé a ninguno, obligando al órgano de gobierno de los jueces a cubrir esos puestos en base a la antigüedad y la experiencia.

Fuentes judiciales aseguran que, en caso de que el alto tribunal se decante por la primera posibilidad, los dos candidatos que ocuparían esas plazas serían el expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y el exministro y exalcalde de Zaragoza ahora reincorporado a la judicatura Juan Alberto Belloch. En caso de que el Supremo otorgara la condición de especialista a todos los candidatos, los designados para la Sala de Apelaciones serían probablemente Fernández Prado y el presidente del tribunal del caso Gürtel, Ángel Hurtado.