El Ayuntamiento de Madrid se quedó sin los 1.500 millones de euros de crédito del Banco Europeo de Inversiones en condiciones preferentes por la falta de declaración de impacto ambiental en las obras de la M-30, ha apuntado este martes el abogado que defendió ante los tribunales lo que el PSOE consideraba "fraudes de ley" en los trabajos de soterramiento y ampliación de la M-30, Manuel de la Rocha.
En la comisión de investigación centrada en la sociedad Calle 30 y ante preguntas de todos los grupos municipales, De la Rocha ha recordado las denuncias en el Parlamento y en la Comisión Europea, que abrió un expediente administrativo al Ayuntamiento por incumplimiento de la directiva en materia de evaluación ambiental.
"Cuando la Comisión Europea abre expediente por este problema ambiental (la falta de la declaración de impacto) acordó suspender el préstamo preferente concedido al Ayuntamiento de Madrid por 1.500 millones de euros para la ejecución de la obra", ha manifestado.
Luego el Ayuntamiento renunció y se los pidió a otras fuentes. Las condiciones preferentes pasaban por tipos de interés "muy bajos". La portavoz socialista de Desarrollo Urbano Sostenible, Mercedes González, ha apuntado que tener que recurrir a otras fuentes de financiación supuso un sobrecoste para el Consistorio de 75 millones de euros.
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