"Yo, como jefe de Estado, asumo a través del diálogo y la Constitución, la tarea de resolver el 'impasse' que ha surgido entre el Ministerio Público (Fiscalía) y el TSJ y convoco al Consejo de Seguridad de la Nación para hoy mismo (viernes) en la noche, para deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución y dé paz y tranquilidad a Venezuela", ha anunciado.
Maduro ha pronunciado estas declaraciones en la ceremonia de clausura de la Expo Venezuela Digital 2017, desde la Plaza Bicentenario de Caracas, según ha informado el diario venezolano 'El Nacional'.
La decisión del mandatario venezolano responde a las diferencias surgidas entre la Fiscalía y el máximo órgano judicial después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se desmarcara de la línea oficial impuesta por el Gobierno y denunciara que las recientes sentencias del TSJ suponen una "ruptura del orden constitucional".
"Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos que, respetando la Carta Magna, propicien un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad. Que se debata de forma democrática, respetando las diferencias", solicitó la fiscal.
Ortega Díaz ha defendido la necesidad de buscar "caminos institucionales que garanticen la paz y para que se superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población".
Estas declaraciones de la fiscal general suponen un cambio radical en el discurso que Ortega Díaz ha mantenido durante los últimos años en apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro y al de su antecesor en el cargo, el fallecido Hugo Chávez.
El TSJ ha ratificado esta semana el "desacato" de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, ha advertido a los diputados de que carecen de inmunidad y ha asumido las competencias que constitucionalmente corresponden a la sede legislativa.
La mayoría de los países de la región y la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado su preocupación por lo que consideran una vulneración de los principios democráticos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido una reunión "urgente" del Consejo Permanente para valorar la suspensión de Venezuela como país miembro.
El Gobierno de Maduro se ha limitado a emitir un comunicado en el que denuncia una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias".
La primera vez que se convocó al Consejo fue en 2015, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" para su seguridad.
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