Maeztu actúa de oficio ante los "retrasos" para la incapacitación de mayores en las provincias de Sevilla y Huelva

En el texto de dicha actuación, consultado por Europa Press, el Defensor apunta que desde hace varios años ven "con creciente preocupación" la "continua y progresiva" recepción de quejas de ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia presentando sus reclamaciones sobre variados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales en Andalucía.

A juicio de la institución, estas quejas son, entre otros indicadores, "ejemplos claros de algunos de los graves problemas" que afectan a la justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las Memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz a través de sus informes anuales, junto a los propios diagnósticos de la Consejería de Justicia.

Sin embargo, apunta que "la amplitud de los problemas" que se desprenden en las quejas exige "priorizar" y afirma que son de "especial singularidad" por "sus repetidas quejas" los relacionados con los procesos o expediente de incapacitación que se incoan referidos a personas mayores sometidas a dolencias como el alzhéimer o las distintas demencias seniles.

Así, Maeztu señala que estos procesos han sido motivo en varias ocasiones de quejas singularizadas, pero en cambio, en otros casos, "hemos recibido escritos de queja ante situaciones que podrían apuntar a causas más complejas que provocan severos retrasos en los trámites, generando problemas añadidos en la, ya de por sí, complicada situación que se presenta en las personas responsables o que quedan a cargo de estos enfermos".

Entre estas situaciones más generalizadas, al institución se refiere a la petición que se realizó desde asociaciones de Carmona (Sevilla) aludiendo "a retrasos de más de dos años desde que se inicia el procedimiento". Asimismo, señala que "la media a nivel nacional oscila en los ocho meses de trámites, mientras que en la demarcación de Lora del Río estaría entre uno a dos años" y los datos referidos a Huelva y su provincia "aluden a seis meses de tramitación".

Además, apunta que este tipo de actuaciones podrían verse "especialmente afectadas por la presencia progresiva de estas dolencias en la población, que avanza en su envejecimiento y, además, desde un punto de vista epidemiológico, presenta un proceso de aparición temprana de tales patologías".

Del mismo modo, indica que ha pedido conocer la incidencia de estos procedimientos en las instancias judiciales competentes, en principio, circunscritos en las provincias de Huelva y Sevilla.

Por tanto, la institución quiere conocer con esta queja de oficio el criterio global de la Consejería de Justicia sobre este tema, así como las posible medidas que, en su caso, estimen oportuno adoptar para abordar la situación. En concreto, "hemos previsto el manejo de indicadores habituales en los controles que se realizan en el sistema judicial, pero no obstante dejamos a criterio de esa consejería otros criterios que permitan realizar un análisis de la situación", precisa.

Por tanto, el Defensor pide conocer mediante informe "el ingreso de asuntos de expedientes de incapacitación de personas mayores; los órganos gestores afectados; los indicadores de resolución y cogestión; y los tiempos de tramitación".