Estas 89 plazas se suman a las 16 de magistrado cuya creación aprobó el pasado mes de marzo el Consejo de Ministros para hacer efectiva la segunda instancia penal. En la práctica esto supone la creación de un total de 105 nuevas plazas por parte del Gobierno durante este ejercicio. Un proceso que culminará el próximo mes de septiembre cuando el Consejo de Ministros apruebe mediante Real Decreto la creación de estas nuevas unidades judiciales.
Catalá ha destacado que para la creación de estas nuevas plazas se han tenido en cuenta los datos recogidos en las memorias de los tribunales superiores de Justicia, las solicitudes de diferentes colegios profesionales, los datos objetivos planteados por los índices de litigiosidad de cada territorio, así como las propuestas de las comunidades autónomas.
Igualmente y con el análisis de la evolución de la pendencia en diferentes asuntos, según datos objetivos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, se ha determinado crear 58 juzgados de primera instancia, 11 de primera instancia e instrucción, seis de lo mercantil, cuatro de lo social, cuatro de lo penal, dos de lo contencioso-administrativo y uno de vigilancia penitenciaria.
1,3 MILLONES PARA UN SISTEMA PROCESAL COMÚN
Para impulsar un sistema de gestión procesal común, el Ministerio ha propuesto la distribución de un crédito de 6 millones de euros entre las diferentes comunidades autónomas, basándose en criterios de población, litigiosidad y planta judicial. De esta cantidad, Andalucía recibirá el 22,9 por ciento, es decir, 1,3 millones de euros aproximadamente.
En la reunión de la Conferencia Sectorial se ha evidenciado la necesidad de impulsar el camino hacia un sistema de gestión procesal común en el seno de la Administración de Justicia, adoptando las acciones necesarias para poner en marcha el proyecto, según ha manifestado el Ministerio a través de un comunicado.
Actualmente existen nueve sistemas procesales diferentes y el Ministerio de Justicia ha propuesto un sistema de gestión procesal común avanzado tecnológica y funcionalmente, que garantice la máxima eficiencia y ahorro de costes para todas las administraciones. Para ello, se ha ofrecido a "hacer un esfuerzo extra" asumiendo la mayor parte de los costes, entre los que se incluyen la construcción y el desarrollo de las infraestructuras necesarias.
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