La PAH de La Rioja se une a las reivindicaciones frente al Tribunal Supremo

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en La Rioja, Javier Pérez, ha explicado que el objetivo es "exigir que los juzgados se declinen más a favor de la ciudadanía que de las entidades financieras".

En La Rioja, ha dicho, "no hay datos porque los que se publican no son reales en tanto en cuanto hay muchos por alquiler o que se ejecutan por la vía judicial". Ha añadido que "hay procesos paralizados por el Código de Buenas Prácticas, pero el problema cuando la moratoria acabe".

"No es cierto que el Gobierno de La Rioja se esté preocupando por que no haya ningún desahuciado, estamos en contacto con el Instituto Riojano de la Vivienda y no hay parque social de vivienda", ha señalado.

Se trata de la principal reivindicación de esta plataforma que advierte: "Hay procesos de ejecución pendientes; tenemos, por ejemplo una compañera que tiene una orden de alzamiento para fin de este mes".

En Madrid, la PAH exige la aplicación directa de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ordenando la paralización inmediata de todos los desalojos sin alternativa de vivienda digna.

Tambien, la aplicación efectiva de la normativa europea (TJUE) que obliga a eliminar todas las cláusulas abusivasde los contratos, compensando a los afectados por los daños producidos.

En consecuencia, dice, deben anularse todos los procedimientos ya terminados en los que no ha existido derecho a la defensa y cancelar las deudas generadas en esos procesos ilegales.

Que se investigue y juzgue las actividades presuntamente delictivas de las entidades financieras que promovieron la burbuja y se beneficiaron de la crisis, depurando judicialmente responsabilidades políticas.

Promover la despenalización de la ocupación de viviendas vacías por necesidad, y la tipificación del delito de usura.

Investigar la venta de viviendas sociales a Fondos Buitre, proteger a las víctimas de sus desahucios y adoptar medidas de reparación al daño causado.

Por último, la absolución de todos los detenidos y multados por participar en las movilizaciones contra los desahucios, pues no han hecho sino cumplir con su deber de defensa de los Derechos Humanos.