PSCL apela a la ética para pedir a Herrera que aplique la limitación de mandatos cuando se apruebe la ley del alto cargo

PSCL apela a la ética para pedir a Herrera que aplique la limitación de mandatos cuando se apruebe la ley del alto cargo
PSCL apela a la ética para pedir a Herrera que aplique la limitación de mandatos cuando se apruebe la ley del alto cargo
EUROPA PRESS
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Tras reconocer que la futura ley no tendrá efectos retroactivos, Barcones ha diferenciado el aspecto jurídico de las normas del ámbito de la ética y de la credibilidad para hacer un llamamiento a los integrantes de la Junta, entre otros, para que sean los primeros en cumplir lo que se aprueba en las Cortes --el proyecto de Ley del Estatuto del Alto Cargo fija también que los consejeros no podrán estar más de dos legislaturas en el mismo departamento e impide que alcaldes y concejales de municipios con más de 20.000 habitantes sean también procuradores, puestos que compatibilizan ahora los regidores de León y Salamanca--.

"La coherencia aquí la tiene cada uno", ha ironizado Barcones a preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre lo que tendrían que hacer el presidente de la Junta o Antonio Silván y Alfonso Fernández Mañueco una vez aprobada esta ley, para advertir además de que seguir en el cargo podría poner en "entredicho" al que dice una cosa y hace otra.

Barcones ha acusado en concreto a la Junta de elaborar "normas para otros" y de apostar por la regeneración política "para el que venga" ya que, según ha augurado, los actuales integrantes del Gobierno regional permanecerán en el mismo sitio en lo que ha considerado un ejemplo de "hipocresía" e "incoherencia" en ese intento por recuperar la confianza perdida en la clase política.

Precisamente, una de las 36 enmiendas del Grupo Socialista al proyecto de Ley del Estatuto del Alto Cargo pide limitar a ocho años bien sean consecutivos o interrumpidos la presencia de un consejero en el Gobierno de la Comunidad, cuando la Junta ha propuesto que no estén más de dos legislaturas en el mismo departamento.

Otras de las enmiendas socialistas buscan que la Junta pueda exigir responsabilidades a los altos cargos por quebrantos a la hacienda pública como consecuencia de un ejercicio doloso de sus responsabilidades y contrario a la legalidad y cesar a esas personas cuando esté acreditada su relación con una cuenta o una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal o cuando las Cortes acuerden su reprobación.

El PSOE aboga además por el cese de los altos cargos cuando sean condenados por sentencia --la Junta ha fijado que sea firme-- y por ampliar el ámbito de aplicación de la futura ley también al personal eventual del grupo A de la Administración, a lo que ha sumado una mayor participación de la Cortes en la elección de estas personas a través de un informe.

Barcones ha apelado a la necesaria defensa del municipalismo y a la labor de "voluntariado institucional" en los pequeños pueblos para pedir que se suprima la incompatibilidad de la figura del alto cargo con la de miembro en una corporación local y ha rechazado por innecesario el artículo que obliga a los consejeros a comparecer en las Cortes cada dos años ya que, según ha recordado la socialista, ya lo tienen que hacer cuando lo solicite un grupo.

El Grupo Socialista propone también incluir garantizar la paridad de las listas para que se aplique en todos los órganos.

Por último, ha reclamado más independencia para la comisión de ética cuya presidencia debería recaer en el presidente del Consejo Consultivo y ha recomendado que los cuatro expertos que la integren sean a propuesta de las Cortes y no de la Junta para que no se autoevalúe.

Barcones ha calificado el proyecto de Ley del Estatuto del Alto Cargo de una "rabieta" del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, por la decisión de los grupos parlamentarios de seguir trabajando en las propuestas de modificación del Estatuto de Autonomía para incluir en la máxima norma de la Comunidad las medidas relacionadas con la regeneración democrática, como se había acordado con el propio presidente el 22 de julio de 2015.

En su opinión, los grupos podrían haber seguido trabajando para avanzar en esa modificación del Estatuto de Autonomía ya que la actual situación de interinidad en el Gobierno de la nación "se resolverá" porque "no va a durar eternamente".

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