Este asunto está incluido en el capítulo de regeneración democrática, en el que advierten de que no hay "desafección ciudadana" hacia la política, sino "irritación y descontento" por el funcionamiento de la democracia y la "desconfianza" hacia los representantes del poder público.
Por ello, se proponen "recuperar la confianza" ciudadana haciéndola partícipe de la acción política, fortaleciendo la transparencia, incrementando el control de los recursos públicos y publicitando su destino.
Ello, advierten, exige "poner fin a una etapa de corrupción" que, avisan, ha puesto en "jaque" la disponibilidad de fondos públicos esquilmados y ha "minado" la credibilidad de un Gobierno asentado en un partido "cercado por la sospecha".
EN TRES MESES, PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Para conseguirlo proponen cerca de una docena de medidas, entre las que incluyen poner en marcha en el plazo de tres meses un plan de "lucha implacable" contra la corrupción que adopte las medidas necesarias para evitar la repetición de estas conductas, investigue y sancione a los corruptos con penas más elevadas y prohibición de desempeñar cargos públicos, percibir subvenciones y ayudas y contratar con las AAPP.
Además, incluirán la exigencia de devolver lo obtenido ilegalmente y que se asegure la protección ante toda represalia contra los denunciantes.
En este contexto, también promoverán la transparencia, publicidad y control de los gastos con fondos públicos; la reforma del sistema electoral para incrementar la libertad de los ciudadanos en la elección de sus representantes y favorecer la proporcionalidad y la participación de los españoles residentes en el extranjero.
Los socialistas quieren suprimir los aforamientos y que cesen los altos cargos o representantes públicos que sean llamados a juicio por delitos en el ejercicio de su cargo.
SUPRIMIR AFORAMIENTOS Y REFORMAR SISTEMA DE NOMBRAMIENTOS
Se proponen hacer también una "reforma inmediata" del sistema de nombramientos para los órganos constitucionales y organismos reguladores que evite su condicionamiento a los partidos y garantice su independencia.
A eso añaden una reforma de la Administración del Estado para modificar el sistema de ingreso en la función pública; una reforma de la Justicia con implantación de los tribunales de instancia, supresión de las tasas, garantizar la justicia gratuita, fortalecer la independencia del Ministerio fiscal y prohibir los indultos por corrupción.
El PSOE quiere hacer también un reconocimiento constitucional de los derechos sociales, como la protección de la salud, la seguridad social y los servicios sociales y de "nuevos derechos civiles y políticos, como la muerte digna, la libertad religiosa, prohibición de discriminación por identidad y orientación sexual, no discriminación por enfermedad o acceso a la información pública.
En este punto incluyen la "supresión de las restricción de derechos "impuestas" por el anterior Gobierno y citan la prisión permanente revisable, la criminalización de las huelgas o la Ley de Seguridad Ciudadana o el aborto.
La reforma del sistema de financiación autonómica, la recuperación de competencias de las entidades locales y la reforma de su sistema de financiación y la consolidación de Pactos contra el terrorismo completan las propuestas del PSOE en este capítulo de regeneración.
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