La fiscalía anticorrupción española pidió este jueves seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista de Andalucía (sur) José Antonio Griñán, por irregularidades en la concesión de multimillonarias ayudas públicas, según un documento recibido por la AFP.
Los fiscales pidieron igualmente 10 años de inhabilitación para el predecesor de Griñán, Manuel Chaves.
El caso, que afecta a numerosos ex dirigentes de la región, hizo tambalearse a los socialistas andaluces, que sin embargo sobrevivieron al destape del escándalo y continúan gobernando Andalucía de forma ininterrumpida desde 1982.
Tanto a Chaves, presidente andaluz de 1990 a 2009, como a Griñán (2009-2013) se les acusa de un "delito continuado de prevaricación", es decir, de tomar decisiones sabiendo que eran irregulares a la hora de atribuir millonarias subvenciones desde la Junta de Andalucía, el órgano de gobierno de la región más poblada de España.
Griñán está acusado además de malversación, por lo que la fiscalía pide en su contra una pena de cárcel de seis años y 30 de inhabilitación.
Los fiscales piden también que el predecesor de la actual presidenta andaluza, Susana Díaz, devuelva a la hacienda pública regional el "total de los créditos" destinados a estas ayudas irregulares.
En su caso, y junto con otros acusados, el importe asciende a un importe total 483 millones de euros, correspondientes a subvenciones en el período 2005-2010.
El escrito de la fiscalía anticorrupción, presentado en un juzgado de instrucción de Sevilla, la capital andaluza, señala que esas cuantiosas ayudas no fueron debidamente controladas ni publicitadas, por lo que la Junta de Andalucía dispuso "año a año [de] unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno".
En consecuencia, prosigue el escrito, se destinaron ayudas sin límite, se favoreció "sólo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos" y se desviaron los mismos "a una finalidad ajena a la prevista".
La siguiente étapa sera la apertura de un juicio oral cuya fecha se desconoce.
La justicia española investiga las numerosas irregularidades cometidas en Andalucía en la atribución de ayudas a empresas en crisis entre el año 2001 y el 2010, a partir de un fondo dotado con unos 850 millones de euros.
El caso se conoce como "el de los ERE", iniciales de Expediente de Regulación de Empleo, planes por los que las empresas en apuros recortaban personal para tratar de salir a flote.
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