La violenta represión policial a las manifestaciones contra la destitución de la ahora expresidenta izquierdista de Brasil, Dilma Rousseff, generaban este martes preocupación y una intensa polémica en las redes sociales del gigante sudamericano.
Justo después de que la cámara alta votara por la salida del poder de Rousseff el pasado miércoles, la región central de Sao Paulo -la mayor ciudad del país- se convirtió en un campo de batalla por tercera vez en la misma semana.
Los policías volvieron a usar gases lacrimógenos, mientras los manifestantes respondían lanzándoles piedras y cócteles Molotov. Entre los siete heridos que dejó aquella marcha se encontraba la estudiante de 19 años Deborah Fabri, quien acabó perdiendo la visión del ojo izquierdo tras la intervención de los agentes.
En la tarde del martes, la Fiscalía informó a los gobernadores de Rio de Janeiro y Sao Paulo que "investigará las denuncias" de supuestos abusos cometidos por la policía de estos estados durante los últimos días.
La ONG brasileña Asociación de Jueces por la Democracia, de su lado, denunció "la grave situación de represión a la libertad de manifestación", pidiendo al gobierno que "controle la acción policial".
Mientras, un responsable de la policía militar, Henrique Motta, afirmó en Facebook que la joven se había buscado lo que le ocurrió, incendiando las redes sociales. "Quien planta rábanos, recoge rábanos", decía textualmente el mensaje del coronel.
Días antes, la propia Rousseff se había solidarizado con la estudiante a través de sus redes sociales, criticando la acción de la policía.
"La resistencia y la denuncia del golpe incomodan a los verdugos de la democracia. El derecho constitucional a la libre manifestación debe ser respetado", escribió la ya exmandataria.
El domingo se celebraron nuevas manifestaciones en Brasil contra el presidente conservador, Michel Temer, congregando en Sao Paulo a 100.000 personas según los organizadores, la policía no facilitó datos.
Tanto en la capital económica del país como en otras ciudades, las marchas acabaron de nuevo en enfrentamientos entre los policías y un grupo de anarquistas conocidos como "black blocs".
Entre los participantes -que denunciaban un "golpe de Estado" contra Rousseff y reclamaban nuevas elecciones- 26 acabaron arrestados, bajo la acusación de "asociación de malhechores", antes de ser liberados por la Justicia que no vio motivos para su detención.
"Vivimos días tristes para nuestra democracia", afirmó el juez Rodrigo Tellini, quien decidió soltar a los jóvenes, citado por la prensa.
Antes de celebrarse, la marcha partía ya rodeada de polémica, puesto que las autoridades del estado de Sao Paulo (gobernado por Geraldo Alckmin, del PMDB de Temer) negaron en un principio su autorización, alegando que coincidía con el paso de la antorcha paralímpica por la ciudad.
Tras la intervención del alcalde, Fernando Haddad (del PT de Rousseff), que también ha criticado la actuación policial, la protesta fue permitida finalmente para el horario de tarde.
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