El PP ha dado de baja por corrupción a 65 afiliados desde que Rajoy es presidente

El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha suspendido a 65 afiliados en los últimos cinco años por casos relacionados con la corrupción. Ignacio González es el último de los afectados por esta medida disciplinaria, pero no el único. Francisco Granados, Alfonso Rus o nueve concejales de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia son otros cargos populares que fueron apartados temporalmente por su implicación en algún caso de corrupción.

no son pocos los militantes a los que Génova ha retirado su condición de afiliados por su relación con procesos judiciales. La lista comienza en 2011, cuando Rajoy es elegido presidente del Gobierno. Son estos:

Ignacio González. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha sido detenido este miércoles en la operación contra la corrupción política desarrollada este miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II. El juez Eloy Velasco acusa al que fuera número dos de Esperanza Aguirre y sucesor de presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. La reacción de Génova fue inmediata: suspensión provisional de la afiliación de González.

Francisco Granados y la operación Púnica. El 27 de octubre de 2014, el PP hizo público un comunicado en el que anunciaba que suspendía de militancia a los afiliados al PP que habían sido detenidos en la operación Púnica. Los apartados fueron Francisco Granados, exsecretario general del PP madrileño; Marcos Martínez, presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros; José Carlos Boza, alcalde de Valdemoro; David Rodríguez, regidor de Casarrubuelos; Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba; y Alejandro Utrilla, exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles. Se da la circunstancia de que la Púnica también fue llevada a cabo por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el de Eloy Velasco.

Caso Taula. En marzo del año pasado Génova decidió retirar el carné de afiliados a los nueve concejales del Ayuntamiento de Valencia y a otros tantos asesores que militaban en el PP. Todos ellos fueron citados como investigados por supuesto blanqueo de billetes de 500 euros en la pieza separada del caso Imelsa. Los apartados fueron los concejales Alfonso Novo, Beatriz Simón, Vicente Igual, María Angels Ramón-Llin, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes Bernal, María Jesús Puchalt y Alberto Mendoza, a los que hay que sumar los asesores del grupo municipal que militaban en el partido.

Tarjetas black de Caja Madrid. El 27 de octubre de 2014, el Comité de Derechos y Garantías del PP tramitó la baja del partido de todos sus militantes afectados por las tarjetas opacas de Bankia/Caja Madrid. Todos los afiliados declararon ante dicho comité y solicitaron su baja, petición que el partido aceptó.

Estos fueron los consejeros propuestos por el PP que estuvieron implicados en este escándalo: Estanislao Rodríguez-Ponga (gastó 255.400 euros), Pablo Abejas (246.700), Miguel Ángel Araujo (212.900), Ricardo Romero de Tejada y Picatoste (212.200), Antonio Cámara (178.000), José Manuel Fernández Norniella (175.400 y devolvió 9.700), María Carmen Cafranga (175.200), Javier de Miguel (172.700), Alberto Recarte (139.900), Jesús Pedroche (132.200), Francisco José Moure (127.300), Mercedes Rojo (119.300), Cándido Cerón (79.200), Fernando Serrano (78.600), Darío Fernández Yruegas (69.800), José María Buenaventura (63.000), Beltrán Gutiérrez (58.000), José María Fernández del Río (47.800), Juan Emilio Iranzo (46.800), Miguel Corsini (46.700), Manuel José Rodríguez González (37.100), Rafael Pradillo (28.600), Ignacio del Río (21.000), José Nieto (19.800), Jorge Rábago (8.000) y la fallecida Mercedes de la Merced (287.900).

Alfonso Rus. El expresidente de la Diputación de Valencia, del PP en la región y alcalde de Játiva fue suspendido de militancia por Génova en mayo de 2015 tras desvelarse una grabación en la que aparece supuestamente contando dinero. También fueron apartados Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, y el vicepresidente económico de la Diputación, Máximo Caturla.

José Joaquín Ripoll. El expresidente del PP en Alicante y de la Diputación, fue dado de baja del PP en febrero del año pasado, tras ser procesado en la pieza separada del caso Brugal que investiga un supuesto amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

José Torres Hurtado. El que fuera alcalde de Granada fue apartado de militancia junto a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, después de ser detenidos hace un año en el marco de una operación urbanística dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada y la Fiscalía de Medio Ambiente.

María Milagrosa Martínez, exalcaldesa de Novelda (Alicante), fue suspendida de militancia y funciones, y expulsada del PP, tras ser imputada en la rama valenciana del caso Gürtel. También perdieron su condición de afiliados la presidenta del PP de Orihuela, Josefina Ferrando, y cinco concejales de esta misma localidad.

Antonio de la Torre, presidente del PP en Valdepeñas y concejal, fue suspendido de militancia en abril de 2016 después de que se le abriera juicio oral por presuntos delitos de falsedad en documento privado y falsedad contable relativo a la financiación del partido en la localidad ciudadrealeña.Más de la mitad de las bajas por corrupción

El presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, Alfonso Fernández Mañueco, presentó en el último Congreso del PP de febrero su informe de gestión. Es en ese momento cuando pueden conocerse cuántas bajas ha gestionado la formación entre congresos. El nuevo presidente del PP de Castilla y León hizo públicos los siguientes datos: en los cinco años de mandato de Rajoy, desde febrero de 2012 hasta enero de 2017, el comité disciplinario del PP ha mantenido 21 reuniones en las que ha dictado 221 resoluciones y se han abierto 63 expedientes.

El resultado de esas actuaciones son: 5 expulsiones, 20 suspensiones de militancia, ratificación de otras 58 suspensiones y tramitación de la baja de 29 militantes salpicados por casos de corrupción. En total, 113 decisiones disciplinarias, lo que indica que más de la mitad de las actuaciones del Comité de Derechos y Garantías han estado relacionadas con casos de corrupción.

Mañueco reconoció ante los compañeros de partido que el PP se ha enfrentado en los primeros cinco años de Gobierno a "asuntos muy delicados y de gran repercusión mediática" que han obligado a tomar "decisiones con firmeza". "No nos ha temblado la mano pero lo hemos hecho con absoluto respeto a los derechos de los afectados", dijo. También presumió de haber actuado "con independencia" en todos los casos, si bien pidió pidió "disculpas a quien se haya visto agraviado por nuestras decisiones".Los casos Rato y Barberá

65 afiliados del PP fueron apartados de manera temporal por su implicación en casos de corrupción, pero hubo otros que también han sido dados de baja por asuntos disciplinarios. Es el caso, por ejemplo, de la diputada de Baleares Aina Aguiló, a quien se le suspendió la militancia en el PP por una pelea que tuvo con un compañero en una cena de Navidad. O del concejal en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Matías Pérez Marco, apartado por quemar 500 folletos de propaganda electoral de su propia formación política.  

En otros casos el PP ha negociado con los investigados (antes imputados) su renuncia voluntaria. Ha sido el caso de Rodrigo Rato, que envió una carta a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. O de Rita Barberá, que fue ella quien se dio de baja del partido.