La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Meritxell Ruíz, ha defendido este miércoles que los Presupuestos 2017 responden a las reclamaciones básicas de la comunidad educativa: "Entendemos que sí hemos atendido los ejes principales de sus demandas".
En respuesta a una pregunta del diputado de la CUP Carles Riera en el pleno del Parlament, ha explicado que el paquete total de medidas que pide el sector implicaría una inversión de más de 700 millones de euros que "ya le gustaría poder tener" al Govern, por lo que desde el Ejecutivo se pidió priorizar unos ejes en las cuentas.
Según Ruiz, la comunidad educativa estableció cuatro peticiones prioritarias y el Govern las ha puesto como ejes de los presupuestos de Enseñanza: becas comedor, mejora de las sustituciones de personal, construcciones escolares y atención a centros de máxima complejidad.
El diputado de la CUP ha pedido que, en las negociaciones para acabar de cerrar el presupuesto que empezarán en los próximos días, se tenga "sensibilidad y receptividad" hacia las propuestas del sector para incorporarlas en las cuentas.
Los 'cupaires' entienden que el paquete de medidas que reclama la comunidad educativa "es de mínimos y se plantea de manera unitaria" con el objetivo de revertir los recortes de los últimos años y acercarse a los objetivos europeos y de la Ley Educativa de Catalunya (Lec), y por eso defienden incluirlo en las cuentas.
RUIZ: EL GOBIERNO CENTRAL NO DIALOGA
Ruiz también ha respondido a una pregunta de la diputada de JxSí Anna Simó sobre la conferencia sectorial de Enseñanza que se celebró el lunes: ha explicado que "no se vio por ninguna parte" el diálogo que promete el Gobierno central y que se aceptó ninguna demanda de Catalunya.
La Generalitat defendió en el encuentro que se derogue la Ley Orgánica para la Mejora de la Educativa (Lomce) y que se respeten las competencias de las autonomías: "Pero nada de diálogo. Él propone y dicta y el resto tienen que aceptar".
Simó ha ensalzado la ley de educación catalana y ha advertido de que está "en riesgo" por la Lomce, una ley que ve ideológica e impulsada para acabar con la inmersión lingüística en Catalunya: por eso ha urgido a derogarla y no a congelarla ni renegociarla.
En respuesta a otra pregunta parlamentaria sobre el cuerpo de inspectores de la diputada del PP María José García, la consellera ha defendido la labor y la independencia que lleva a cabo este colectivo pese a las acusaciones de los populares de no convocar oposiciones en 20 años aunque así lo indica la Lec.
Según Cuevas, el Govern lleva dos décadas nombrando a inspectores mediante procesos accidentales hasta el punto de que más de tres cuartas partes de ellos no han accedido a su puesto a través de oposiciones, sino por concursos de méritos: "Esto degrada la eficacia y la independencia".
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