CONGRESO UGT. LOS SECRETARIOS GENERALES DE LAS FEDERACIONES SECTORIALES FORMARÁN PARTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

- Tendrán voz, pero no voto. El 42 Congreso Confederal de UGT ha aprobado una enmienda que establece que los secretarios generales de las federaciones sectoriales estatales se incorporarán a la Comisión Ejecutiva del sindicato, donde tendrán voz pero no voto.
Esta medida va ligada a la reducción en el número de estas federaciones, que pasan de seis a sólo tres, y que ha sido aprobado a través de varias enmiendas por parte del Congreso, lo que dará comienzo al proceso de reagrupamiento sectorial.
Con esta modificación en la estructura organizativa del sindicato afronta su mayor transformación desde los cambios acometidos en el año 1929. El objetivo de esta reducción de federaciones es el de “modernizar las estructuras para adaptarlas a los cambios que se están produciendo en la sociedad y acercar el sindicato a los trabajadores, a nuestros cuadros y a nuestros afiliados”.
Asimismo, UGT busca una estructura más reducida que le permita “liberar recursos” para destinarlos a “la acción sindical en las empresas y a compartir los debates y la toma de decisiones con los afiliados y los delegados”.
Así lo recogen las organizaciones que apoyan la candidatura de Josep María Álvarez en un comunicado, en el que aseguran que de ellas han partido tres de cada cinco enmiendas presentadas durante este 42 Congreso Confederal.
MENOS AVALES
Otra de las enmiendas aprobadas por los delegados del sindicato reduce del 25% al 15% el porcentaje de avales necesarios para presentar una candidatura en un Congreso Confederal, reduciendo de los actuales 150 a 90 el número de avales que deben conseguir los que pretendan optar a dirigir la organización.
También abogan por dotar de mayor transparencia a la organización a través de “acciones auditados por un mecanismo independiente”.
Por otro lado, las enmiendas instan a la próxima dirección de UGT a demandar una garantía de ingresos para los parados mayores de 55 años, los desempleados de larga duración y ayudas para los jóvenes; así como a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta que represente el 60% del salario medio, en línea con las directrices europeas.
Asimismo, el sindicato defiende la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, y demanda que se repongan los “derechos perdidos por los trabajadores”. También exige “la eliminación de todas aquellas leyes que atentan contra los derechos fundamentales, como la ‘ley Wert’, la ‘ley mordaza’ o el artículo 315.3 del Código Penal que se refiere al derecho a huelga.
Además, las enmiendas intentan poner coto a la “rebaja” en las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores de las empresas multiservicios.