En declaraciones este viernes a los periodistas en El Puerto de Santa María (Cádiz), el delegado del Gobierno ha señalado que en este tema había que "tomar la iniciativa" desde el Ejecutivo "porque en España las sentencias hay que cumplirlas", y en este caso hay "una sentencia de la Unión Europea que estábamos obligados a cumplir".
"Este país no podía pagar una sentencia que nos estaba costando una millonada a diario" y estaba repercutiendo en una "pérdida de competencia y actividad" en los puertos, según ha incidido Sanz, que ha enfatizado que "en un país moderno y democrático las sentencias hay que cumplirlas".
De esta manera, ha insistido en que "el Gobierno lo que ha hecho es cumplir una sentencia, agotar y buscar al máximo el diálogo a todos los niveles, y también buscar la mediación de una persona que es indiscutible en cuanto a su independencia y autonomía".
En ese sentido, Sanz ha apuntado que el Gobierno se ha acogido "a las medidas que planteaba el mediador para formular la normativa correspondiente, que ahora tiene que desarrollarse en el ámbito del Congreso de los Diputados".
Al hilo, y tras insistir en que, "agotado y buscado todo el diálogo y los posicionamientos, y buscando la participación del mediador, el Gobierno lo que ha hecho es cumplir con su obligación y responsabilidad", Antonio Sanz ha apelado "a la prudencia", y "a valorar que lo que se ha tenido en cuenta al máximo nivel es la mediación".
Así, ha apuntado que en esta reforma "caben cosas que quería el Gobierno, pero también las otras partes, tanto sindicatos y patronal", de modo que "se ha hecho una mezcla de todos los intereses para buscar la mejor normativa".
"El Gobierno no ha impuesto una posición única y propia, sino que ha buscado la mediación y el máximo consenso", ha resumido Sanz, que ha concluido señalando que espera que cuando haya que aprobar la reforma en las Cortes Generales "se obtenga el máximo nivel de consenso posible".
En concreto, el Gobierno prevé someter el Decreto a la votación del Congreso para su convalidación el próximo jueves, 18 de mayo, dos meses después de que el pasado 16 de marzo el primer texto planteado sufriera un histórico rechazo.
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