En marzo, el Consejo de Ministros solicitó al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley por haber establecido un canon para las viviendas vacías.
Ese canon de viviendas, del que están excluídas las segundas viviendas o residencias de verano, es de 10 euros anuales por metro cuadrado cuando ha pasado un periodo de dos años desocupada, cantidad que irá aumentando un 10% cada año con un tope de 30 euros.
El Ejecutivo central consideraba que la ley vasca invadía competencias del Estado de regulación de las condiciones básicas que garantizan la "igualdad" de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y, en materia de derecho civil, ya que "determina e impone una nueva regulación del derecho de propiedad sobre la vivienda al incluir un nuevo deber, el de habitarla".
El Tribunal ha acordado dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y Parlamento vasco que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
Asimismo, el Pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión, según detalla, que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del art. 161.2 de la Constitución.
La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
Por último, ha recordado que la admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.
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