En un auto fechado el 2 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor, Miguel Pasquau, dice que en el caso del exconsejero "resta aún examinar su posible responsabilidad como autor de un delito de prevaricación administrativa", para lo cual considera "necesario" esperar al resultado de la diligencia de investigación acordada el 23 de mayo, como es la ampliación de un informe por parte de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
De igual modo, también ve "necesario" esperar a otras diligencias que acuerda en este mismo auto, donde solicita a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura un informe sobre la persona designada como director de Industrias Creativas y del Libro entre el 5 de mayo de 2012 y el 17 de junio de 2015, y sobre la persona designada como director de la Filmoteca de Andalucía con fecha 10 de septiembre de 2013, "acompañándose cuanta documentación obre sobre dicho nombramiento (propuesta, en su caso, de órganos inferiores, aceptación y toma de posesión)".
En relación a Luis Guerrero, el magistrado concluye que "cobró un sueldo con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía mediante la atribución de un puesto de trabajo con contenido prestacional real, y que la actividad efectivamente desplegada no puede considerarse ajena a la función pública".
En este sentido, señala que "el hecho de que el contenido concreto de las funciones por las que se le retribuyó no sean las propias del puesto para el que fue nombrado puede, acaso, denotar una ilegalidad en el nombramiento (lo que se valorará en otro momento), pero no desde luego un delito de malversación del que Guerrero resulte responsable o beneficiario".
Y es que, conforme a jurisprudencia consolidada, "no constituye malversación de caudales públicos el destino de fondos a finalidades diferentes de las previstas presupuestariamente, siempre que éstas redunden en beneficio del interés público, siendo así que el fortalecimiento de determinadas iniciativas culturales" en la provincia de Málaga "es una decisión de carácter político que en sí misma no podría calificarse como ilegal o ilegítima, al margen del juicio que puedan merecer los medios empleados para ello".
El TSJA, en su auto, remarca que el nombramiento de Luis Guerrero como director del Centro Andaluz de Flamenco, efectuado el 1 de agosto de 2012, "no fue sugerido o pedido" por éste, "sino propuesto" por Alonso, y además "no vino motivado como causa principal por la finalidad de ofrecerle un 'puesto de trabajo' con cargo a fondos públicos".
Así, añade que, en esa fecha, Guerrero ostentaba un puesto de personal eventual por designación del presidente de la Diputación de Málaga "con una previsible permanencia hasta la disolución de dicho órgano en las elecciones municipales previstas para 2015", por lo que "no es que se nombrase a Luis Guerrero como director andaluz de Flamenco porque acababa de cesar en su anterior puesto de trabajo, sino que pidió el cese en dicho puesto anterior para poder desempeñar el que se le ofreció".
Y ello, según el TSJA, sitúa a Guerrero "lejos de toda responsabilidad penal por la resolución administrativa de nombramiento, cuya supuesta ilegalidad (que ahora no va a valorarse) no le sería imputable".
Asimismo, considera acreditado que, "pese a la designación e identificación del puesto de trabajo atribuido, director del Centro Andaluz de Flamenco", Alonso le "comunicó verbalmente" que "lo nombraba asesor personal al servicio de la Consejería de Cultura para el impulso, promoción y coordinación de actividades culturales en la provincia de Málaga en las que tuviera competencia y participación la Consejería (sin quedar éstas tampoco ceñidas en absoluto al ámbito del Centro Andaluz de las Letras, donde se le asignó un despacho)".
De igual modo, el TSJA considera acreditado que, a partir de su nombramiento, Guerrero "ha desempeñado, con dedicación exclusiva, las funciones que le fueron encomendadas por Alonso, según éste manifestó en su declaración".
Luciano Alonso declaró el pasado lunes como investigado por un supuesto delito de prevaricación administrativa como medio de cometer otro de malversación y defendió la legalidad del nombramiento de Luis Guerrero.
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