Trib.Mantienen penas que suman 21 años para los supuestos extorsionadores del constructor y quienes vendieron sus coches

En sus informes finales, los acusadores consideran acreditado que en mayo de 2013 el empresario Aniceto Javier Ll.P. contrató los servicios de David G. y Razvan I. para que éstos, a cambio de distintas cantidades--llegó a pagarles 10.500 euros--, se las arreglaran para cobrar una deuda de más de 400.000 euros que un panadero de Santander había contraído con su 'jefe'.

Sin embargo, ambos procesados no sólo no hicieron gestión alguna para recuperar el dinero sino que comenzaron a "extorsionar, amenazar y coaccionar" al industrial, al que no cesaban de exigir más pagos y de quien incluso obtuvieron, en contra de su voluntad, dos vehículos, un Mercedes ML y un Citroën, el primero de los cuales terminó en manos de un cliente que lo adquirió de buena fe sin saber que en ese periplo se habían cometido un delito de receptación, el que se imputa a los también acusados Andrei C. y Juan S, y otros de estafa y falsedad en documento mercantil, en el que habrían incurrido David E. y Cristóbal M, también procesados en esta misma causa.

Por ello, frente a la petición absolutoria de las defensas, la acusación pública y las dos particulares, una de ellas en representación del empresario y otra de Óscar A.G, amigo del primero que también habría sido extorsionado, han solicitado seis años de prisión para cada uno de los dos principales inculpados, David G. y Razvan I, por extorsión y retención ilegal, así como tres años para Cristóbal M. y David E. por estafa y falsedad y condenas de dos y un año por receptación, respectivamente, para Juan N. y Andrei C.

Los hechos se remontan a mayo de 2013 cuando David G. del C. se ofreció al constructor A.J.L.P, al que conocía por haber realizado algunos trabajos para él, para hacerse cargo del cobro de unas deudas por importe cercano a los 400.000 euros, tarea en la que contaría con la colaboración del también acusado Razvan I.G.

A cambio, el empresario debería abonarles 12.000 euros en pagos fraccionados para gastos, otros 6.000 cuando se empezara a percibir parte de esa deuda y, finalmente, un 30 por ciento del importe obtenido de sus deudores, planteamiento aceptado por el constructor vallisoletano.

Sin embargo, siempre según la tesis del fiscal y las acusaciones particulares, los 'cobradores' no sólo no realizaron su cometido sino que comenzaron a extorsionar al constructor exigiéndole más dinero, y ello a pesar de que ya les había abonado cerca de 10.500 euros, hasta el punto incluso de exigirle la entrega de dos vehículos, primero un Mercedes ML 320 y luego un Citroën C3, en concepto de garantía de los honorarios no percibidos y que día tras día iban incrementando.

"VAS A ACABAR EN EL FONDO DEL RÍO"

En su relato de hechos, las acusadiones refieren el constante hostigamiento mantenido por los dos principales acusados sobre la persona del empresario, que realizó algunos pagos más por miedo a su integridad física y de su familia y ante amenazas del tipo "vas a acabar en el maletero de un coche o en el fondo de un río". "Estoy viendo cómo tu novia deja a tus hijas en casa de tu madre. Estás controlado, te estamos siguiendo", sería otro de los presuntos mensajes recibidos.

La situación derivó incluso el 6 de septiembre de 2013 en un episodio de retención ilegal que la víctima habría sufrido al ser invitada por David G. y Razvan ('Tino) a subir a un turismo del que no le permitieron salir mientras circulaban por la ciudad y en cuyo periplo le conminaron a entregarles el reloj, sin dejar de amenazarle y de pedirle más dinero mientras iba acompañado por otro individuo desconocido que tenía la orden de no hacerle nada hasta que los dos primeros se lo indicaran.

El temor cada vez más creciente por su integridad y la de sus familiares llevaron finalmente al constructor a denunciar los hechos en octubre de 2013 ante la policía.

El Mercedes fue posteriormente vendido a David E.C, que lo revendió a Cristóbal M.R, dedicado a la venta de vehículos de segunda mano, operación en la que habrían incurrido ambos en delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por haber confeccionado documentos que aparentaban que la venta la había llevado a cabo su legítimo propietario.