UGT CONSIDERA QUE 2017 DEBE SER EL AÑO DEL “RESCATE” DE LAS PERSONAS

UGT considera que 2017 debe ser un año para “rescatar a las personas de ocho años de profunda crisis social y laboral”, por lo que advierte de que “no dudará en acudir a la movilización, junto a la negociación, para conseguirlo”.
Así se expresa el sindicato en un comunicado, en el que hace balance del año que concluye, del que destaca que ha sido el de “la incertidumbre política y, paradójicamente, el del crecimiento económico”, y presenta sus aspiraciones para el que viene.
A este respecto, UGT destacó que hasta la segunda investidura de Mariano Rajoy como presidente, este pasado 29 de octubre, "España ha estado paralizada en cuanto a la gestión política, algo que, sin embargo, no ha afectado significativamente a la actividad económica, a la vista de los resultados de los índices de crecimiento del PIB”.
Por ello, esta organización de trabajadores sostiene que “ha quedado en evidencia que las causas que han propiciado esta tendencia positiva están mayoritariamente en factores externos a la acción del Gobierno de España y en coyunturas internacionales que nos han resultado favorables”.
CAMBIO CON "DIÁLOGO SOCIAL"
También, denuncia que “han quedado en evidencia los intereses políticos subyacentes en los mensajes catastrofistas promovidos desde ámbitos empresariales y financieros sobre las negativas consecuencias de la parálisis (y de un posible cambio de signo en el Gobierno) para la creación de empleo y la inversión extranjera en nuestro país”.
En cuanto al 2017, reclama “un cambio político cimentado en el diálogo social, que contenga medidas de recuperación de derechos y proporcione un reparto más equitativo de la riqueza para las personas”.
“Un cambio que tenga en cuenta las perspectivas para el año 2017 y fomente un modelo de cohesión social y económica que nos permita fortalecer nuestro Estado de Bienestar”, añade.
En concreto, pide un aumento de los salarios de entre el 1,8% y el 3%, la aprobación de un plan de choque por el empleo y la sostenibilidad social, la revalorización de las pensiones públicas en un 1,2% o la revalorización del SMI en el marco del diálogo social hasta los 800 euros.