"La Consejería de Educación sabía hace más de un curso lo que estaba ocurriendo en la Delegación de Sevilla, y ha esperado a que fuera público y notorio para actuar", ha lamentado Ustea en un comunicado, recordando que, "dos comparecencias parlamentarias y una comisión de investigación más tarde", se ha señalado a "las mismas personas responsables que ya indicaba Ustea hace tres meses".
A juicio de la central sindical, "cualquiera que conozca mínimamente la estructura jerárquica y la incidencia de los intereses del partido en el ámbito provincial sabe que esas personas eran las responsables; entretanto, se nombró una nueva delegada provincial, a la que se le dieron instrucciones precisas sobre cómo actuar".
"Antes que dar explicaciones a la comunidad educativa, la administración ha adoptado un procedimiento de actuación vago e impreciso", ha lamentado Ustea, aludiendo a la separación en el tiempo de los ceses del secretario de la Delegación y de las personas responsables de Recursos Humanos y Ordenación Educativa, "tratando de ocultar la relación entre dichos ceses". Por otro lado, "se ha obligado a dimitir al inspector jefe, beneficiario directo de las prácticas corruptas".
Tras recordado que "nada" se ha dicho aún al Parlamento ni a las organizaciones sindicales, el sindicato teme que se pretenda "dar por zanjado el asunto con el castigo a los peones, alumnado aventajado en el máster de amiguismo y prepotencia, mientras se deja impune al anterior delegado, Francisco Díaz Morillo, bajo cuyo mandato se cometieron las corruptelas".
Para Ustea, la responsabilidad última corresponde a la consejera, Adelaida de la Calle, a la que instan a "cumplir con su obligación, por una vez, y depure el resto de responsabilidades, provinciales y andaluzas, o que dimita", mientras que al exdelegado provincial y a la actual, Francisca Aparicio, le exigen que "asuman las responsabilidades a que haya lugar, uno por su connivencia con la trama corrupta, otra por su calculada inacción".
LA VERSIÓN DE LA CONSEJERÍA
De su lado, De la Calle justificó los ceses por "no aplicar la normativa", manifestando que el procedimiento de información reservada abierto ha determinado que "ha habido algún tipo de no aplicación de la normativa y eso merece abrir una expediente disciplinario".
De este modo, la consejera señalaba que "rápidamente", en el momento en que ha tenido la resolución de esta información reservada, la Consejería "ha abierto expediente disciplinario a las dos personas", funcionarios en puestos de libre designación, y que dicha investigación "concluirá si ha habido o no ha habido error".
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