Utebo pide al Gobierno aragonés una auditoría del Plan de Saneamiento y del IAA

El análisis deberá realizarlo la Cámara de Cuentas y, en su caso, se tendría que complementar "con otra que aborde cuestiones tan esenciales como la sospechosa marginación de tecnologías adecuadas y el sobredimensionamiento de instalaciones, cuestiones que probablemente no abarque la Cámara de Cuentas".

La teniente de alcalde y concejal por IU, Rosa Magallón, ha defendido esta propuesta en relación con el vigente Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD). Magallón ha lamentado que este plan se concibiera "como un oscuro negocio que ha transferido ingentes cantidades de dinero público a manos privadas de manera injustificada, y no como un servicio público esencial para la ciudadanía y nuestros ríos que debía ser gestionado con eficiencia como un servicio de interés general".

Además, la concejal ha advertido de "la constatación de la sistemática sobredimensión de las depuradoras para generar altos márgenes de beneficio y el veto a las tecnologías extensivas, recomendadas por los especialistas para municipios de menos de 3.000 habitantes, mucho más eficaces y económicas".

Sobre este asunto, la incitativa aprobada incluye la solicitud al Gobierno de Aragón para que clarifique en qué se gastaron los fondos del Ministerio de Medio Ambiente con destino finalista para la construcción de depuradoras, con especial atención a los 140 millones de euros de los 169 que el ministerio reservó para construir las depuradoras del Pirineo, por tratarse de zonas sensibles en cabeceras fluviales.

Magallón ha explicado que el resultado ha sido el encarecimiento del plan, "que ofrece hoy unos costes intolerables de 1,5 euros por metro cúbico de agua depurada, diez veces superior al de Comunidades vecinas como Navarra y La Rioja". "Se ha generado así un plan totalmente insostenible por la ciudadanía, cuyos costes se quieren ahora repercutir íntegramente a los vecinos de nuestros pueblos y ciudades", ha aseverado.

ICA

Por este motivo, Utebo, a través de la aprobación de esta iniciativa instará al Gobierno de Aragón a que se exima a del pago del Impuesto sobre la Contaminación del Agua (ICA) a los ayuntamientos que cedieron sus competencias y no disponen de las depuradoras acordadas y se reconozcan el ICA y el Canon de Vertido de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) pagados desde la cesión de competencias "como una deuda del IAA hacia esos ayuntamientos".

Además, "debe el IAA asumir en estos casos el pago futuro del canon por efectuar vertidos sin depurar como consecuencia de haber incumplido sus obligaciones con ellos, rescindiendo los contratos incumplidos por las empresas que no han construido las depuradoras, exigiéndoles los daños y perjuicios producidos a los ayuntamientos y a la ciudadanía, en lugar de ofrecerles indemnizaciones".

Para Izquierda Unida, el momento actual de revisión del plan ofrece no solo la posibilidad de reconducir los futuros proyectos en relación a la tecnología y el dimensionamiento de las depuradoras, sino también "la oportunidad de empezar a hacer las cosas de otra manera, de compensar las injusticias pasadas y favorecer la verdad y la transparencia; de revisar los contenidos del Plan y sus formas de financiación contando con la interlocución directa de los municipios y afectados".

"Sin embargo, las modificaciones de la Ley de Aguas y otras decisiones políticas recientes que marginan a los municipios, nos indican que esta reconducción no se plantea en los términos asumidos en el Compromiso por una Gestión Pública y Participativa del Agua en Aragón necesarios para resolver la insostenibilidad del Plan", ha señalado IU en una nota de prensa.

RECUPERAR COMPETENCIAS

Otros de los puntos incluidos en la moción pasan por solicitar al Ejecutivo autonómico que facilite la recuperación de competencias en aquellos consistorios que quieran recuperarlas y que estudie y negocie con las empresas la reversión de la gestión de las depuradoras a los ayuntamientos "al menos en aquellos casos en que está comprometida su viabilidad económica y la recuperación de la gestión va a resultar menos onerosa que el mantenimiento de la concesión actual".

Por último, Utebo reclamará al Gobierno PSOE-CHA que abra una moratoria en lo que se refiere a la extensión del ICA a ayuntamientos como Zaragoza, que no cedieron sus competencias y cobran sus tasas municipales a sus vecinos por el servicio en cuestión, hasta que se pueda valorar la auditoría de la Cámara de Cuentas.

"Una vez se clarifique la situación y se puedan depurar responsabilidades, se deberá replantear el Plan de Saneamiento y redimensionar el ICA solidariamente", ha concluido este grupo municipal.