EUROPA PRESS
La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, dio luz verde a esta medida la semana pasada. Según la diputada Delsa Solórzano, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en las cárceles se genera el 90 por ciento de las extorsiones, informa el periódico 'El Nacional'.
La nueva ley plantea penas de entre cuatro y seis años de cárcel para los funcionarios que introduzcan teléfonos o equipos informáticos en los centros de detención. La reforma establece que todos los centros penitenciarios deberán contar con teléfonos públicos inalámbricos.
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