En un comunicado, Villalobos ha explicado que entre estas empresas se encuentran entidades que prestan servicios públicos básicos en las localidades como transportes, abastecimiento y depuración de aguas, tratamiento de residuos, servicios sociales y desarrollo rural, entre otras. La medida demanda por Montoro se recoge dentro de la ley de reforma local.
El responsable de la FAMP, que ha dicho que habla en representación de los ayuntamientos andaluces, "sin ánimo partidista, pero sí con la inquietud y el desasosiego que provocan medidas de este calado", ha destacado que esta exigencia centralista llega "por la puerta de atrás, de forma sigilosa durante esta época estival, no está legitimada, carece de autoridad política y apoyo parlamentario".
"Y lo más preocupante, --según ha destacado--, es que el gobierno en funciones de Madrid no ha dado cuenta de ella al municipalismo español, a través de la FEMP'. Es más, el presidente de la federación andaluza ha asegurado que "a la FAMP no ha llegado notificación al respecto, y ni mucho menos, explicación alguna".
En su opinión, es "paradójico" que el Gobierno de la Nación "sí esté en funciones para no sacar ni resolver convocatorias de fondos destinados a los ayuntamientos; pero no lo esté para ir en contra de la autonomía local, fulminando servicios públicos municipales de los que se benefician nuestros vecinos y vecinas", ha advertido Villalobos.
En este contexto, se ha mostrado reacio a la disolución de estas empresas municipales, asegurando que "no podemos mercantilizar los servicios públicos básicos, éstos deben ser prestados en todos los municipios, y, sobre todo, en aquellas zonas rurales dónde os aseguro la iniciativa privada no llega, ni le interesa por criterios meramente economicistas".
"Las administraciones públicas no podemos aspirar a conseguir beneficios económicos, nuestro objetivo es garantizar servicios básicos, y velar por que todos los vecinos y vecinas, en igualdad, reciban el mismo trato y tengan la misma calidad de vida", ha defendido el presidente de la FAMP, quien se ha preguntado "quién va a prestar estos servicios básicos en poblaciones alejadas de la capital y a cuántos miles de vecinos de toda España se les dejará huérfanos de servicios como agua, basuras o servicios sociales".
Ante este escenario, Villalobos ha pedido al Gobierno central "un gesto de lealtad institucional hacia el municipalismo", ya que esta medida, a la que ahora exigen su cumplimiento, está recogida en un texto normativo -- la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local-- "cuestionado por más de 3.000 ayuntamientos españoles que han recurrido al Tribunal Constitucional (TC)".
Por último, el presidente de la FAMP ha apelado "al diálogo, al consenso, y a la coherencia política", insistiendo en que "las administraciones locales no podemos pagar justas por pecadoras. No somos las culpables del déficit público nacional, y por supuesto, el Gobierno central no puede cumplir los compromisos acordados con la Unión Europea, recortando en servicios públicos básicos de los municipios y desmantelando el poder local".
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