Absuelto de prevaricación el alcalde de Las Navas (Ávila) por Ciudad Golf

Ávila, 7 jun.- La Audiencia Provincial de Ávila ha absuelto al alcalde de Las Navas del Marqués (Ávila), Gerardo Pérez, de un delito de prevaricación del que había sido acusado por el caso de la "Ciudad del Golf", un proyecto urbanístico que incluía la construcción de 1.600 chalés, dos campos de golf y un hotel.

El fallo conocido hoy también absuelve del mismo delito tanto al secretario del ayuntamiento de esta localidad de 5.500 habitantes, Carlos de la Vega, como al promotor, Francisco Gómez "El Paloma", responsable de Residencial Aguas Nuevas (RAN) y presidente del F.C. Cartagena (Murcia).

Los tres fueron juzgados el pasado 23 de mayo como supuestos autores de un delito de prevaricación genérica por el que el fiscal solicitaba 12 años de inhabilitación especial para los empleos y cargos públicos que desempeñan los dos primeros y de doce años de inhabilitación especial para ejercer como promotor para el tercero.

Por su parte, la acusación particular rebajaba la petición de pena a diez años de inhabilitación en el caso de Centeaurea y Ecologistas en Acción, aunque esta última también pedía 5 años de prisión para los acusados por la supuesta autoría de delitos e fraude y malversación de caudales.

Los hechos juzgados en Ávila constituyen una de las dos piezas separadas de este caso que fue dividido en cuatro -las otras dos fueron archivadas-, después de que el TSJCyL ordenara la paralización de este proyecto en una zona protegida en 2006.

La pieza juzgada en Ávila se refería a la constitución en mayo de 2000 de la Sociedad Montes de Las Navas, S.A. (MNSA), integrada por varias administraciones como el ayuntamiento navero, para adquirir terrenos rústicos pertenecientes a la Unión Resinera, S.A. (LURESA), mediante una operación considerada "especulativa" por el fiscal y que fue el germen del proyecto de la "Ciudad del Golf".

Mientras el fiscal insistió en que MNSA dio "apariencia de legalidad" a un concurso al que solo concurrió la promotora RAN, el juez rechaza este argumento señalando que "tal apariencia no es precisa, en la medida en que se ha cumplido lo previsto en la normativa vigente en cuanto a la adjudicación del bien".

Respecto a las diferencias en la medición de la parcela, que pasó de 215 a 192 hectáreas por un error, obligando a reducir el precio de adquisición, el magistrado no observa que existan indicios de criminalidad, ya que "es muy comprensible entender que si lo vendido no coincide con lo comprado, existiendo tanta diferencia de extensión, el precio se ha de reducir".

"Se han guiado ambas partes por un criterio comprensible, como lo es, aceptar lo que aparecía reflejado en el catastro", señala, antes de precisar que "habría sido más correcto efectuar una medición previa a la venta por ambas partes".

Por otra parte, la sentencia entiende que "no ha existido arbitrariedad" por parte de Gerardo Pérez ni de Carlos de la Vega, sino que "incumplieron la norma" al no haber dado publicidad a un aspecto que luego se acordó en el contrato -compensación a la empresa si no se reclasificaban terrenos-.

En este sentido, el juez considera que este acto podría haber sido recurrido "fácilmente en vía contencioso-administrativa y con ello declarar nulo o anulable tal acto".

"Ningún ente o persona física lo ha recurrido, lo que determina en cierto modo que probablemente no existe tercero perjudicado por tal situación y sí beneficiados: el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y la Sociedad Montes de Las Navas", argumenta.

La sentencia considera que "no ha existido ánimo de beneficiar a nadie por parte del ayuntamiento o de MNSA, sino obtener una ventaja económica inicial por la venta de la parcela y futura por la obtención de ingresos (...), o al menos genera la duda de la existencia de arbitrariedad".