Acoso inmobiliario, delito penal: El acosado por fin podrá defender sus derechos aunque no tenga dinero

  • La reforma del Código Penal que el Gobierno remitió al Congreso el pasado mes de noviembre incluye nuevos delitos y modificaciones de algunos ya existentes. El acoso inmobiliario es uno de los que pasará a estar tipificado.
El acoso inmobiliario, según el ilustrador Raúl Arias
El acoso inmobiliario, según el ilustrador Raúl Arias
Raúl Arias
Pablo Arqued

Un día cortan la luz. Otro, el agua. Las vuelven a dar para repetir la suspensión días después y mantenerla a pesar de que haya una denuncia de por medio. O cortan las cuerdas del tendedero, en repetidas ocasiones. Y todo, a veces, durante años. Mientras, la finca va sufriendo desperfectos provocados por la propiedad, de forma activa o pasiva. O por la dejadez del ayuntamiento. Y detrás de ese acoso inmobiliario está la especulación. "No es nada personal", dicen.

 

En los Juzgados, hasta ahora, la dificultad de probar esa violencia clandestina continuada en el tiempo es altísima, carísima para unos acosados que en la mayoría de los casos no tienen recursos económicos. Y cuando se prueba, se soluciona con una escasa multa de 300 euros, que para el acosador no supone nada. Pero con la inclusión de un precepto en la reforma del Código Penal, una vía en la que pocas veces prosperaban estos recursos, eso cambiará. Porque los especuladores incansables e insistentes terminarán en la cárcel y se actuará de oficio ante denuncias de este tipo.

María Natividad Solis es una de las ancianas del número 7 de la calle Ventorrillo, en el madrileño barrio de Lavapiés, que son acosadas. Como sus vecinas, ha sufrido presiones de la inmobiliaria propietaria del edificio para que abandone su piso, "nunca por escrito". Su hija María Jesús, que vive con ella asegura que Sistema 23 ha empeorado la finca. "Llegan y quitan pilares para que se declare en ruina. Hemos estado viviendo con el miedo de que se nos cayera el techo encima y cuando protestamos nos insultan y nos llaman ignorantes".

Su caso es similar al de otras personas que en Sevilla, Bilbao, Valencia o Barcelona son acosadas por tener alquileres de renta antigua. En Cádiz, según aseguran desde su ayuntamiento, "el fenómeno de las 'asustaviejas' ya está erradicado".

Un antes y un después: actuaciones de oficio

"La introducción del acoso inmobiliario en el Código Penal es una noticia extraordinaria para las víctimas y para sus defensores", afirma la abogada catalana y experta en acoso inmobiliario Laia Serra, que también es la presidenta de la Asociación de Afectadas por la Violencia Inmobiliaria.

Lo primero que deja claro Serra es lo peligroso de crear clichés de acosado y acosador, porque las víctimas a veces pueden no sentirse identificadas. "Ni todos los primeros son ancianas con contrato de renta antigua ni todos los segundos son inmobiliarias. La primera condena por acoso inmobiliario en España la ganó una pareja de 30 años con una contrato de alquiler actual", inicia su argumentación.

Para Laia Serra, que lleva tiempo luchando contra este delito, la reforma hará que las víctimas vean tutelados sus derechos de una forma más adecuada, al promover investigaciones de oficio: "Los problemas arrendatarios se ventilan por la vía civil, lo cual supone un gasto enorme por la cantidad de procesos implicados, un riesgo económico altísimo donde un defecto de forma o de fondo en una denuncia puede suponer que el denunciante tenga que pagar las costas judiciales. Y ahora, para acudir a la vía penal era casi obligatorio pasar por la civil".

"Pero en cuanto haya un precepto en el Código Penal, aunque la víctima no tenga dinero, el ministerio fiscal dará un impulso mucho mayor a estas denuncias", finaliza Serra, quien a pesar de su visión progresista del derecho y contraria en principio a penas duras, cree necesario que "haya dos o tres condenas de cárcel ejemplarizantes" para que la cosa cambie y recuerda que ya hay casos en los que la Fiscalía está pidiendo cárcel.

La lucha desde asociaciones vecinales

No hay datos sobre la cantidad de casos de acoso inmobiliario que hay en España. En el Ministerio de la Vivienda, si bien pusieron en marcha un teléfono de denuncia de estos casos hace dos años en las Comunidades que lo firmaron, no tienen datos del número de denuncias.

Son las asociaciones vecinales las que mejor documentadas están. En Madrid la Cámara de Vecinos e Inquilinos de Madrid dice que reciben "unas 25 consultas". En Barcelona, en el Casc Antic también han sido denunciados un buen número de casos, como en el Gotic. Desde su asociación de vecinos se congratulan del nuevo delito. "¿Pero la especulación también pasa al Código Penal? Es que es la causa. En Suiza es un delito y está muy mal vista".

Su portavoz, Teresa Picazo, da su visión.  "Un propietario de un edificio fallece y los herederos lo venden a una inmobiliaria. Ésta, a su vez, se lo vende a otra, y esta tercera a una cuarta. Cuando ya no se prevén más beneficios, ésta intenta echar a los inquilinos, por ejemplo, contratando a familias numerosas de indigentes que habiten los pisos. Sí, el ayuntamiento tiene una oficina de denuncia, pero en ocasiones hace la vista gorda, quizás para que se hagan nuevos hoteles que fomenten el turismo", resume.

Desde Salvem El Cabanyal, asociación del barrio valenciano de interés histórico cuya demolición prevista por el ayuntamiento ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, denuncian el acoso que sufren tanto inquilinos como propietarios. "Fuimos al registro de la propiedad y descubrimos que muchos de los edificios del barrio están siendo comprados por el ayuntamiento", cuentan desde la asociación. 

Cirila Lacasa, una de sus vecinas, tiene 78 y está sola. Delicada de salud y con una pensión escasa, sólo tiene su humilde piso en un edificio prácticamente abandonado. Ella y "una pareja que vive arriba" son los últimos que resisten en la casa, en una zona degradada en los últimos años. "Familias de gitanos y rumanos que se dedican a la venta de drogas se meten en viviendas tapiadas sin que las autoridades hagan nada. Las autoridades quieren comprarnos nuestros pisos por una miseria", asegura con voz afectada. Tras un silencio, pregunta: "¿No trabajará usted con Rita Barberá? Es que no me fío de ellos", amenaza. La mujer se despide, tranquila, al cerciorarse de que ha hablado, por enésima vez, con la prensa. Finaliza la conversación con una petición de ayuda desesperada. "Por favor, no puedo más. No dejéis que mi casa se caiga".

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