Activistas piden una ley integral contra la trata de seres humanos

Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza (ONG miembro de la Red Española contra la Trata), reclamó hoy una ley integral contra la trata de seres humanos.
Durante la presentación, este jueves en Madrid, del informe “Valoración del nuevo marco Jurídico contra la Trata de Seres Humanos”, dijo que la reforma del Código Penal y la nueva ley de extranjería suponen “importantes avances” en la lucha contra la trata de seres humanos, pero “lo lógico” sería disponer “de una ley Integral contra este delito” que abordara “de forma coherente” a todas las víctimas.
En su intervención, González criticó que “un año después, aún no se ha desarrollado el reglamento de la ley de extranjería, y así es muy difícil su aplicación”.
Asimismo, apuntó que hasta el 23 de diciembre no entrará en vigor el nuevo título VII del Código Penal, “que por primera vez tipifica el delito de trata de forma distinta al de tráfico de seres humanos”, y señaló que el Plan Integral aprobado en 2008 se limita al ámbito de la explotación sexual, “cuando ésta se da en otros campos como el trabajo agrícola, el servicio doméstico, la venta ambulante o la mendicidad”.
Por ello, se preguntó “para cuándo una ley integral” que garantice la coordinación, protección y asistencia a todas las víctimas, con independencia de su origen.
Como ejemplo de esta necesidad señaló que “el artículo 59 bis de la ley de extranjería se refiere solo a las víctimas en situación irregular procedentes de terceros países”, no a las nacionales, y en la actualidad se aplica según una circular provisional de la secretaría de estado de seguridad.
Entre otros derechos, este artículo contempla “períodos de restablecimiento y reflexión” y “permisos de residencia y de trabajo” para aquellas mujeres que colaboren, “pero como aún no está regulado, se conceden autorizaciones de residencia pero de momento no se ha otorgado ninguna para trabajar”, subrayó González.
PROPUESTAS
El informe valora, no obstante, de forma muy positiva la aprobación del Plan Integral de Lucha contra la Trata y la modificación del Código Penal, que en su título VII (artículo 177 bis), indica, “por fin” recoge de forma correcta la definición de este delito en función del Tratado de Palermo y del Convenio del Consejo de Europa.
De este modo, entiende como tal la captación, transporte y acogida de seres humanos mediante engaño, coacción o abuso con fines lucrativos, con independencia de que la explotación se consume o no, y admite que “puede producirse dentro de las fronteras de un mismo país”, explicó González.
Sin embargo, “legislar es solo el primer paso, tenemos que trabajar todos para hacer efectivos estos derechos”, agregó la coordinadora.
Este es el lema del estudio, apuntó González, y en este sentido criticó que falta eficacia y coordinación a la hora de identificar a las víctimas. Según declaró, “los procesos de identificación deben iniciarse ante indicios razonables, con un nivel bajo de exigencia de pruebas y sin requerir certezas”.
Así lo recoge la normativa internacional, afirmó la coordinadora, quien pidió, además, “reconocer un papel activo a las organizaciones especializadas en este terreno”.
También abogó por la creación de “protocolos de identificación y actuación nacionales” y reivindicó mayor formación para las autoridades policiales y judiciales en este terreno.
A su juicio, junto a la de las brigadas de extranjería, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno deberían tener en cuenta la opinión de las ONG a la hora de conceder los períodos de reflexión y restablecimiento previstos en la ley, y desde luego “no vincularlos a la colaboración de las víctimas”.
En cuanto a la concesión de permisos de residencia y trabajo, González exigió que se establezcan criterios objetivos y períodos de tiempo concretos para adoptar una decisión, pues “tenemos casos que llevan diez meses esperando”.
Además, lamentó “la aplicación restrictiva de la nueva Ley de Asilo”, ya que dijo que se está negando a todas aquellas que lo solicitan en paralelo a un permiso como víctima de trata, y destacó que “de cualquier modo, su concesión no puede depender del resultado final de la investigación.
“Debería bastar con que se pruebe un intento claro de colaboración” y en algunos casos ni siquiera exigirse, pues la víctima puede hallarse bajo un fuerte “trauma físico o emocional”, apuntó.
Finalmente, González reclamó crear “un fondo estatal con los bienes decomisados a los tratantes para garantizar la indemnización a las víctimas (en la actualidad se dedica a asistencia) e insistió en que los permisos de trabajo “deben otorgarse sin la exigencia de una oferta laboral en firme”, si es que “realmente se busca su inserción social”.