Madrid, 27 sep.- Los abogados que impulsaron la causa por la que la juez argentina María Servini ordenó detener a cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas por crímenes del franquismo, dos de ellos ya fallecidos, criticaron hoy que no se les haya arrestado.
Además, reprocharon que el juez español Pablo Ruz se haya limitado a su localización.
El pasado miércoles, fuentes jurídicas informaron de que, una vez que la juez argentina formalice la petición de extradición y aporte la perceptiva documentación, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citará a los dos reclamados que siguen vivos y que fueron localizados en España.
Ruz asumía así la petición que le hizo en ese sentido la Fiscalía, que el día anterior le presentó un escrito en el que consideraba innecesaria las detenciones dada la antigüedad de los hechos.
En el comunicado que suscriben ocho abogados, entre ellos Carlos Slepoy, conocido por haber ejercido en España la acusación en la causa de los desaparecidos durante la dictadura argentina, reprueban el papel de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Manifiestan también su "profunda extrañeza" porque el juez Ruz "haya consentido esta evidente transgresión de la legislación aplicable".
Según exponen en su escrito, al que tuvo acceso Efe, "una vez comunicadas a las autoridades españolas las órdenes de detención" se debía haber procedido a los arrestos.
"En lugar de ello, y según las informaciones publicadas, el juez instructor ha resuelto comunicar a la jueza que dos de los imputados han fallecido -el exescolta de Franco Celso Galván Abascal y el excomisario José Ignacio Giralte- y que, cuando se solicite la extradición, serán llamados a prestar declaración los otros dos".
Se trata de Jesús Muñecas Aguilar (de 77 años) y el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño".
"Esta decisión constituye un flagrante incumplimiento de la normativa" en materia de extradición, insisten los abogados, agrupados en la denominada Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina Contra los Crímenes del Franquismo.
Los abogados sostienen que "la jueza argentina cumplió escrupulosamente lo dispuesto tanto en el Tratado de extradición entre ambos países como en la ley española de extradición pasiva" y, por tanto, "procedía en consecuencia que se actuara de conformidad con los instrumentos legales de aplicación al caso".
No obstante, esperan que "cuando se curse la solicitud de extradición por parte del juzgado argentino", los imputados sean puestos a disposición de la Audiencia Nacional para que se "adopte cualquiera de las dos decisiones que en derecho corresponden: el enjuiciamiento de los imputados en España o su extradición a Argentina".
"Cualquier otra decisión implicará dejar aún más en evidencia, nacional e internacionalmente, que el lugar en el que los imputados cometieron sus crímenes se ha convertido en el único refugio que tienen en el mundo ante la actuación de la justicia", concluyen.
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