Acusados de matanza en Paraguay cumplen 30 días en huelga de hambre

Asunción, 14 mar.- Cinco campesinos encarcelados por la masacre de Curuguaty, que en 2012 provocó la destitución del entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo, cumplirán este sábado 30 días en huelga de hambre, para presionar para que las tierras que ocasionaron el conflicto sean parte del programa de reforma agraria.

Así lo señaló hoy en un comunicado el grupo Articulación Curuguaty, que apoya a los procesados por el caso, tras indicar que los presos han perdido entre 4 y 9 kilos desde el inicio de la huelga.

Las cinco personas, que se encuentran en la cárcel asuncena de Tacumbú, están en prisión preventiva, a la espera de juicio por esa matanza, en la que murieron once labriegos y siete policías durante un enfrentamiento en una ocupación campesina de tierras.

Articulación Curuguaty llevará a cabo este sábado una marcha desde el Panteón de los Héroes, en el centro de Asunción, hasta el penal de Tacumbú.

A las puertas de la cárcel se celebrará la "Serenata por la Libertad", un acto musical protagonizado por los artistas paraguayos Ricardo Flecha, Rolando Chaparro y el Grupo Sembrador.

Está previsto que los presos puedan ser visitados por participantes de la marcha, familiares y una delegación de médicos que examinarán su estado de salud.

Las autoridades prohibieron este viernes al expresidente Lugo, actual senador, y a otros tres legisladores de su partido, el izquierdista Frente Guasú, entrar a la prisión y hablar con los huelguistas.

La ministra paraguaya de Justicia, Sheila Abed, aclaró posteriormente que no le informaron de que eran legisladores.

Los presos pudieron conversar la semana pasada con representantes de la Iglesia católica de Paraguay, quienes solicitaron al presidente de la Corte Suprema, Raúl Torres, que ponga a los cinco campesinos bajo prisión domiciliaria.

Asimismo, la delegación solicitó a Torres que la Corte resuelva cuanto antes la titularidad de las tierras de Marina Cué, la finca donde se produjo la matanza.

Los campesinos ocuparon esas tierras para que fueran incluidas en el programa de reforma agraria al considerar que pertenecen al Estado, que disputa su propiedad con la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un importante cargo del Partido Colorado, la formación del presidente paraguayo, Horacio Cartes.

El litigio se encuentra atascado en la Corte Suprema debido a la acción de inconstitucionalidad presentada hace un año por la familia Riquelme, propietaria de la empresa agroganadera Campos Morombí.

Otros seis procesados por la matanza están en arresto domiciliario a la espera de ese juicio, al que acudirán bajo la acusación de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.

La matanza de Curuguaty, aun no esclarecida, provocó una de las mayores crisis políticas de Paraguay y desembocó en un controvertido juicio parlamentario a Lugo que terminó en su destitución.