Barcelona.- La familia Carulla, propietaria de Agrolimen, dejó de tributar por 61 millones de beneficios a través de una operación de compra-venta de acciones entre sociedades del grupo, algunas de ellas con sede en paraísos fiscales, según revela un informe de la Agencia Tributaria.
Dos de los seis propietarios del grupo Agrolimen, el presidente Artur Carulla y su hermana Aurelia, han declarado hoy como imputados ante el titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, que investiga un presunto fraude fiscal de la familia a través de sociedades instrumentales con sede en paraísos fiscales.
Según han informado fuentes judiciales, a diferencia del también imputado Jordi Carulla, que declaró hace cerca de un mes, los dos hermanos citados para hoy se han negado a responder al juez y a las partes, aunque para excusarse se han remitido a sendos escritos.
A preguntas del juez, Artur Carulla ha precisado finalmente que la principal operación sospechosa de evasión fiscal, la compra-venta de acciones entre sociedades de Agrolimen efectuada en 2006, obedece a decisiones corporativas para mejorar las perspectivas de negocio del grupo.
Un informe de la Agencia Tributaria aportado al juzgado apunta que la familia Carulla habría ocultado a la Hacienda española 61 millones de euros de ganancias de la empresa Arbor Invest, que acabaron en manos de una de las sociedades supuestamente instrumentales, con sede en Holanda, gracias a una operación de compra-venta de acciones.
Concretamente, la sociedad Merimare, que por estar afincada en Holanda disfruta de mayores beneficios fiscales, vendió supuestamente a Arbor Invest las acciones con las que participaba en esta empresa a cambio de esos 61 millones de euros.
La investigación judicial se centra ahora en esa operación de compra-venta de acciones, ya que es la principal sospechosa de evasión fiscal, junto a otras transacciones entre sociedades del grupo Agrolimen de menor envergadura.
Según la versión que hoy ha dado Artur Carulla, con la venta de esas acciones Merimare pretendía invertir en el grupo Agrolimen la liquidez que obtuviera, porque su mercado de actividades es más amplio que el del Arbor Invest, limitado únicamente a España y Portugal, han explicado a Efe fuentes judiciales.
El juez ha encargado ahora a los técnicos de la Agencia Tributaria que averigüen si la sociedad con sede en Holanda, junto a otras empresas afincadas en paraísos fiscales que forman parte del entramado, tenían actividad real o habrían sido utilizadas únicamente para perpetrar el supuesto fraude.
El complejo de empresas presuntamente instrumentales con sede en paraísos fiscales era administrado por Jordi Carulla, el primero de los hermanos que fue citado a declarar por el juez como imputado y que, durante el interrogatorio, justificó la legalidad de esas sociedades y de las operaciones realizadas con ellas.
Por su parte, Aurelia Carulla se ha negado hoy a declarar ante el juez sobre el presunto fraude fiscal y se ha limitado a aportar un escrito en el que recalca que carece de funciones ejecutivas dentro del grupo, por lo que las operaciones empresariales que se investigan escapan a su conocimiento.
El juez tiene previsto llamar a declarar en los próximos días como imputados a los otros tres hermanos Carulla que aún no han comparecido, pero todavía no los ha citado formalmente, han añadido fuentes judiciales.
La defensa de los propietarios de Agrolimen pidió al juez el archivo de la causa abierta por fraude fiscal, alegando que Jordi Carulla residía en Londres y que, por lo tanto, no está obligado a tributar en España.
No obstante, el juez ha acordado mantener abierta la investigación contra él y ha rechazado ese argumento, en un auto en el que recuerda que un contribuyente tiene residencia habitual en territorio español cuando radiquen en España "sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta".
La investigación sobre Agrolimen, uno de los grupos empresariales más importantes de Cataluña, procede de unas diligencias abiertas en 2008 por la Audiencia Nacional por un presunto delito contra la Hacienda Pública, a raíz del análisis de los movimientos bancarios del banco portugués Espirito Santo, cuyas sedes fueron registradas en 2006 por orden del juez Baltasar Garzón.
Por su parte, los abogados de la familia Carulla, Emilio Zegrí y Fermín Morales, consideran que el informe de la Agencia Tributaria que permitió abrir esta investigación, y que apunta sospechas de evasión fiscal durante al menos cinco ejercicios, es "muy genérico", por lo que están a la espera de dictámenes más concretos que ahora elaborará Hacienda a petición del juez.
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