Santo Domingo, 29 may.- Amnistía Internacional (AI) lamentó hoy las acusaciones de irregularidades surgidas tras el proceso de selección de la oficina del defensor del pueblo dominicano, a la que pidió "ganarse" la confianza de la sociedad, "ejerciendo su papel en conformidad con la ley y la constitución".
Al término de una visita a República Dominicana, una misión de AI lamentó en un comunicado "que las acusaciones de irregularidades en el proceso de selección hayan causado cuestionamientos sobre la credibilidad de la nueva institución".
La delegación, compuesta por Chiara Liguori, investigadora sobre el Caribe; y Robin Guittard, encargado de campañas sobre la misma región, dijo además haber "tomado nota" sobre un recurso presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante Tribunal Constitucional por la elección a mediados del mes por parte del Senado de la defensora del pueblo, Zoila Martínez.
Varios sectores, entre ellos diputados oficialistas y opositores han cuestionado la elección de la abogada y militante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aliado al oficialismo, debido, según denuncian, a sus compromisos políticos.
Incluso, la CNDH pidió la semana pasada al presidente del Senado, Reinaldo Parez Pérez, que se "abstenga" de juramentar a la exfiscal del país en el cargo, de recién estreno en el país, por considerar que su elección es el resultado de "un acuerdo de aposento que se constituye en estocada mortal a la democracia y a la credibilidad de sus instituciones".
Sin citar el nombre de Zoila Martínez, quien desempeñara el cargo junto a un equipo de adjuntos y suplentes, AI dijo que la oficina del defensor del pueblo "tiene la responsabilidad de ganarse la confianza de la población, ejerciendo su papel de promoción y protección de los derechos humanos en conformidad con la ley y la constitución".
Por otra parte, la AI dijo que el nuevo proyecto de Ley Orgánica de la Policía presentado recientemente al Congreso (bicameral) por el presidente dominicano, Danilo Medina, "es un avance importante" aunque "todavía se requiere más trabajo para que la Policía Nacional sea una institución que respete los derechos humanos".
Durante la visita, la delegación de AI se entrevistó con autoridades y representantes de la sociedad civil para tratar sobre la necesidad de una reforma integral de la policía, que incluye una reforma de ley orgánica de la policía, el Plan Nacional de Seguridad y el nombramiento del Defensor del Pueblo.
Entre los aspectos positivos del nuevo proyecto de ley, la organización destacó "el establecimiento de normas del uso de la fuerza y de las armas de fuego en línea con estándares internacionales y el fortalecimiento de mecanismos de control y de rendición de cuentas de la policía".
El proyecto de ley, sin embargo, observó AI, "no establece la responsabilidad de los superiores jerárquicos, ni la responsabilidad civil de la policía como institución, por las violaciones de derechos humanas cometidas por agentes de policía durante el desempeño de sus funciones".
"La única forma de garantizar que la reforma de la policía sea efectiva y duradera es asegurando que existe la voluntad política para llevar a cabo todos los cambios necesarios en el corto, medio y largo plazo con una participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones," dijo Liguori.
En ese sentido, señaló, que "la primera prueba de esta voluntad será la organización de audiencias públicas en el Congreso para que la sociedad civil pueda asegurarse que los avances que tiene este proyecto de ley sean mantenidos y que los aspectos problemáticos sean modificados."
Liguori consideró "preocupante" el hecho de que el Plan Nacional de Seguridad "se esté elaborando sin consultar a las organizaciones locales de derechos humanos".
"Para que el Plan Nacional de Seguridad sea efectivo es imprescindible que se elabore a partir de un diagnóstico claro, que tenga objetivos bien definidos y que no se enfoque exclusivamente en la represión del crimen sino que tenga en cuenta las causas de la inseguridad," subrayó.
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