La Paz, 7 feb.- El alcalde de la ciudad boliviana de Potosí, René Joaquino, regresó hoy a hombros de sus seguidores al Ayuntamiento después de que Tribunal Constitucional declarara inconstitucional parte de una ley utilizada por el Gobierno para suspender a autoridades electas de la oposición.
Joaquino, que fue suspendido de la Alcaldía en 2010 bajo la acusación de haber comprado maquinaria y vehículos de forma irregular, es la primera autoridad opositora que pide retornar a su cargo tras el fallo del Tribunal Constitucional boliviano, informó hoy la prensa local.
El regreso desafía al Ejecutivo de Bolivia, cuyo ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró el miércoles que los fallos del Tribunal Constitucional no son retroactivos y que ninguna de las autoridades suspendidas puede volver al cargo.
La declaración de inconstitucionalidad abarca a cuatro artículos de la Ley de Autonomías que permitían la suspensión de una autoridad si un fiscal presentaba una acusación formal simple.
Esos artículos fueron el motivo de la suspensión de varios gobernadores y alcaldes pertenecientes a partidos opositores al Gobierno de Evo Morales en los últimos años.
El alcalde de Potosí, del partido Alianza Social, fue llevado a hombros hasta su despacho en el Consistorio por centenares de seguidores y en declaraciones a Radio Fides descartó que vaya a tomar medidas legales por el "daño político" sufrido.
Joaquino, que nunca renunció de forma oficial a su cargo, ha solicitado su restitución ante el Consejo Municipal de Potosí, en el que su partido tiene la mayoría.
También precisó que el pasado 24 de enero la Corte Departamental de Justicia anuló "en su totalidad" los cargos que pesaban en su contra.
La demanda contra los artículos ahora declarados inconstitucionales fue presentada por el partido opositor Convergencia Nacional (CN), según el cual dicha norma contravenía la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución boliviana.
En la Carta Magna nacional se establece que las autoridades electas en las urnas solo puede ser suspendidas si en su contra hay una "sentencia ejecutoriada" o definitiva.
La normativa fue aplicada al menos en un centenar de casos, entre los que destacan la suspensión de los gobernadores de los departamentos de Tarija, Mario Cossio, y Beni, Ernesto Suárez, en 2010 y 2011, respectivamente.
Ambos fueron depuestos por acusaciones de corrupción procedentes del partido gobernante y sus aliados, cargos que ellos rechazan.
Cossío está asilado en Paraguay y Suárez, tras su suspensión, renunció al cargo para hacer posible una nueva elección en Beni, que ganó el mes pasado su correligionario Carmelo Lens.
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