'Los Alcántara' están ante su mayor crisis: el juez les bloquea las cuentas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha bloqueado las cuentas de los clientes del despacho Nummaria, a los que se atribuye la comisión de varios delitos fiscales, entre los que están los actores de la serie 'Cuéntame cómo pasó' Imanol Arias y Ana Duato. Ambos serán citados a declarar como investigados en los próximos días. 

El Grupo Nummaria, según informa El Confidencial, usó la identidad de un ciudadano de Costa Rica, Bernal Zamora Arce, para urdir una compleja red societaria con ramificaciones en Londres, Luxemburgo, Suiza e Isla Mauricio, entre otros países. Se trata, según señala este mismo medio, del mismo nombre que figura tras 'Sheraton Trading S.A.', la tapadera empleada por el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y el constructor David Marjaliza para blanquear fondos de la trama Púnica. 

Los demás querellados son personas que pudieron colaborar con los actores en la comisión del delito, como la hermana de Imanol Arias o el marido de Duato, Miguel Ángel Bernadeu. La orden de bloqueo también abarca aquellas cuentas en las que alguno de los presuntos autores del delito puede tener poderes, por lo que podría afectar a algunas sociedades contra las que no se dirigía la querella de forma inicial, como la productora de la serie 'Cuéntame'. Fraudes de 1,6 millones y de 80.000 euros 

La querella de Anticorrupción atribuye a Arias un fraude de 1,6 millones de euros y a Ana Duato de 800.000 euros, que habrían cometido a través de un entramado de sociedades, algunas de ellas ubicadas en el extranjero. Según Anticorrupción, la Onif, en su cálculo inicial, cuantifica el fraude cometido por Arias en 317.356 euros en 2010; 515.884 euros, en 2011; 317.339 euros en 2013, y 497.046 euros en 2014. En el caso de Duato, se le atribuye un fraude de 141.440 en 2010; 311.370 euros en 2011, y 341.578 euros en el año 2012.

Además del bloqueo de las cuentas, el juez también acordó otras medidas cautelares como el bloqueo de otros activos financieros y ordenó al Registro de la Propiedad anotaciones de prohibiciones de disponer y de embargo de bienes inmuebles de algunas de las personas y entidades implicadas.