Amaiur pide despenalizar y archivar sanciones de protestas frente a la crisis

  • Amaiur ha presentado una moción en la que solicita al Gobierno que trate los conflictos sociales derivados de la crisis con "diálogo, negociación y acuerdo", despenalice las conductas de protesta y archive todos los procedimientos sancionadores gubernativos y procesos judiciales abiertos.

Madrid, 12 may.- Amaiur ha presentado una moción en la que solicita al Gobierno que trate los conflictos sociales derivados de la crisis con "diálogo, negociación y acuerdo", despenalice las conductas de protesta y archive todos los procedimientos sancionadores gubernativos y procesos judiciales abiertos.

En una moción consecuencia de interpelación presentada con carácter urgente en el Congreso, el diputado Sabino Cuadra Lasarte se refiere a la política del Ejecutivo en relación con "las respuestas sociales que se están produciendo como consecuencia de la grave crisis económica y social que estamos viviendo".

El diputado de Amaiur sostiene que la respuesta del Ejecutivo consiste en "un proceso creciente de criminalización social de la protesta, sobre la que incluso de forma cada vez más frecuente se vierten calificativos de nazis, terroristas, etc".

Ante esta actitud, propone por una parte que se adopte un tratamiento "preventivo, económico y social, que busque reducir la extensión y gravedad de los problemas" sociales actuales y, por otro, que se aborden los conflictos con una política "no represiva" que busque "el diálogo, la negociación y el acuerdo".

En este sentido solicita al Gobierno que avance por una vía de "despenalización de las conductas de protesta y contestación social" y proceda "al archivo general de los procedimientos sancionadores gubernativos y procesos judiciales abiertos".

Pide asimismo que se reconozca el papel de la "desobediencia civil pacífica y no violenta" como conducta "legítima" de los ciudadanos "ante políticas que recorten sus derechos sociales y laborales básicos y elementales".

En cuanto a la adopción de una política preventiva, propone que se establezca un sistema de prestaciones sociales dignas y suficientes para las personas sin recursos, un plan social ambicioso contra la pobreza y la exclusión, y que se establezca "un gravamen especial sobre las grandes fortunas y beneficios societarios y bursátiles".

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