Amnistía denuncia que cientos de represaliados en venezuela esperan justicia un año después de las protestas

Amnistía Internacional (AI) señaló este jueves, en el primer aniversario del inicio de protestas masivas en Caracas (Venezuela) contra el Gobierno de Nicolás Maduro por la delincuencia, la inflación y la escasez de productos básicos, cientos de personas que sufrieron violaciones de derechos humanos a manos de agentes de las fuerzas de seguridad siguen esperando justicia.
Las manifestaciones comenzaron el 4 de febrero de 2014 en la localidad de San Cristóbal y se extendieron el 12 de febrero a Caracas, donde murieron los estudiantes Bassil Da Costa y Roberto Redman, así como Juan Montoya.
AI señaló que el Ministerio Público de Venezuela aseguró que Da Costa murió al recibir un disparo realizado por un agente de la policía de inteligencia, que permanece detenido en espera de juicio, ya que sobre él se han presentado cargos en su contra, y que Montoya y Redman murieron al parecer a manos de civiles armados que en su mayoría continúan en libertad.
Entre febrero y julio de 2014 se celebraron manifestaciones multitudinarias a favor y en contra del Gobierno, en las que otras 40 personas perdieron la vida, entre ellas 10 funcionarios públicos, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad, y 878 resultaron heridas, entre ellas unos 600 civiles, según cifras oficiales.
“Cientos de personas sufrieron violaciones a los derechos humanos a manos de funcionarios de las fuerzas de seguridad, que emplearon fuerza excesiva, golpearon a manifestantes para dispersarlos y torturaron o infligieron otros malos tratos a personas bajo custodia”, apuntó Amnistía Internacional.
Por ejemplo, Gloria Tobón y otras 21 personas fueron detenidas el pasado 19 de marzo en Rubio (Estado de Táchira) durante una operación militar y policial. Amnistía Internacional indicó que mientras permanecían esposadas para extraerles los nombres de los convocantes de las protestas recibieron patadas y descargas eléctricas, y fueron golpeadas y amenazadas de muerte y con violencia sexual.
CASOS ANTE LOS TRIBUNALES
Según datos oficiales, un total de 3.351 personas fueron detenidas en esos seis meses. La mayoría de ellas están actualmente en libertad sin cargos, mientras que 507 fueron puestas en libertad condicional tras afrontar cargos por delitos como bloqueo de vías públicas, provocar incendios, causar lesiones, dañar bienes públicos o asociarse con fines delictivos.
Amnistía Internacional recalcó que 41 personas permanecen actualmente detenidas, 27 de ellas civiles, entre ellas Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, recluido desde el 18 de febrero por cargos de incendio y daños y por incitación a delinquir, entre otros delitos.
Hasta la fecha, se encuentran en prisión preventiva 14 agentes de las fuerzas de seguridad acusados por la muerte de Da Costa y por cinco casos de malos tratos, y ninguno ha sido declarado culpable.
“Los casos de Bassil Da Costa y de otras personas que murieron el año pasado a manos de las fuerzas de seguridad claman justicia, y los responsables de la tortura que sufrió Gloria Tobón y de los malos tratos infligidos a centenares de personas también deben ser llevados ante los tribunales”, subrayó Amnistía Internacional.
Ademas, AI recordó que Guillermo Sánchez murió el 14 de marzo tras recibir una paliza y un disparo de civiles armados progubernamentales en La Isabelica (Valencia), tras lo cual su esposa, Ghina Rodríguez, y sus dos hijos se vieron obligados a refugiarse en México después de recibir amenazas de muerte y aún están esperando a que se haga justicia.
“Hoy, hace un año, miles de personas salieron a protestar contra las políticas del gobierno y ejercieron su derecho de reunión pacífica. La situación se deterioró rápidamente y los enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales se saldaron con miles de detenidos, centenares de heridos y decenas de muertos”, comentó Amnistía Internacional.
Esta organización instó a las autoridades venezolanas a “hacer justicia para reparar estas graves violaciones de derechos humanos y afirmar de forma inequívoca que las personas son libres de expresar sus opiniones, aunque sean críticas al Gobierno, sin temor a perder la vida o la libertad”. “Es vital que las fuerzas de seguridad reciban órdenes claras del Ejecutivo de que las protestas están permitidas y que la fuerza sólo puede emplearse de forma proporcional y diferenciada cuando sea estrictamente necesario y nunca contra manifestantes pacíficos”, concluyó.