Amnistía pide juzgar a bush por autorizar torturas a detenidos

Amnistía Internacional (AI) reclamó este jueves que se abra una investigación penal sobre el papel desempeñado por el ex presidente de Estados Unidos George W. Bush y otros funcionarios en el uso de "técnicas de interrogatorio mejoradas" contra detenidos bajo custodia secreta, después de que el ex mandatario norteamericano haya reconocido haber autorizado su uso.
En sus memorias, publicadas ayer miércoles, y en una entrevista emitida por NBC News el pasado 8 de noviembre, Bush confirmó su intervención personal en la autorización del uso de simulacros de ahogamiento y de otras técnicas contra "detenidos de alto valor".
El director general de AI, Claudio Cordone, señaló que, según el derecho internacional, este reconocimiento de haber autorizado "actos que equivalen a tortura es suficiente para que Estados Unidos cumpla su obligación de investigar los hechos reconocidos y, si se corroboran, de enjuiciarle".
"Los hechos que ha reconocido ponen de relieve también, una vez más, la ausencia de rendición de cuentas por los delitos tipificados en el derecho internacional de tortura y desaparición forzada cometidos por Estados Unidos", añadió.
En sus memorias, Bush se refiere expresamente a los casos de dos detenidos recluidos en el programa secreto: Abu Zubaydah, que estuvo recluido en varios lugares no revelados desde abril de 2002 hasta septiembre de 2006 y sometido a más de 80 simulacros de ahogamiento, y Khalid Sheikh Mohammed, que recibió 183 simulacros de ahogamiento en marzo de 2003.
Además, AI recalcó que contra estos detenidos también se emplearon otros métodos que violan la prohibición internacional de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como desnudez prolongada, amenazas, exposición a bajas temperaturas, posturas en tensión, agresiones físicas, uso prolongado de grilletes y privación de sueño.
"Según el derecho internacional, toda persona implicada en torturas debe responder ante la justicia, y eso no excluye al ex presidente George W. Bush. Si se corroboran los hechos que ha reconocido, Estados Unidos tiene la obligación de enjuiciarle. Si Estados Unidos no abre una investigación, deben intervenir y realizarla otros Estados", concluyó Cordone.