(ampliación) el parlamento vasco pide la anexión a álava del condado de treviño

El Pleno del Parlamento vasco aprobó este jueves con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo la abstención de UPyD y la oposición del PP, la anexión a la provincia de Álava del Condado de Treviño y la localidad de La Puebla de Arganzón, hoy adscritos a la provincia castellano y leonesa de Burgos.
La Cámara acuerda trasladar una propuesta legislativa en este sentido al Congreso de los Diputados a instancias de los grupos parlamentarios de Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y EH-Bildu, que habían presentado sendas proposiciones de ley cada uno, cuya admisión a trámite es lo que aprobó el parlamento autonómico.
De la posición política de los partidos proponentes no cabía sorpresa alguna, como tampoco del PP, que abanderó su posición contraria a que ambas localidades dejen de ser burgalesas. Sin embargo, UPyD sí despejó finalmente su posición, avanzando su abstención, tras señalar su portavoz, Gorka Maneiro, que, a pesar de ello, defiende la anexión por “pragmatismo, por ser lo más razonable, lógico y sensato”.
En la iniciativa legislativa ante las Cortes Generales se señala que son los propios habitantes de Treviño los que “repetidamente” a lo largo de la historia vienen manifestando su voluntad de formar parte de Álava. De hecho, la modificación del ámbito territorial provincial está prevista en normas de diferente rango, empezando por la Constitución, en su artículo 141.1, y por las normas estatutarias del país Vasco, en su artículo 8, y de Castilla y León, de acuerdo con la disposición transitoria tercera.
Explican los proponentes que en el cumplimiento de estas dos últimas normas se da una “contradicción”, ya que la voluntad de una de las comunidades, Castilla y León, puede impedir que la ciudadanía de Treviño se integre en Álava. “Las consecuencia de esa negativa afectan a la población treviseña, que se encuentra impedida de ejercer un derecho que las normas reconocen”, se indica en la propuesta legislativa refrendada este jueves.
En este punto, se indica que la solución jurídicamente prevista de este empate, en el que puede haber un pronunciamiento contrario a la segregación administrativa por parte de la Junta castellano y leonesa, está en las Cortes Generales. De hecho, el artículo 141.1 de la Carta Magna establece que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes mediante una ley orgánica. Más aún, el Tribunal Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que esta es una competencia del Estado.