(ampliación) eta. El juez ruz ordena identificar a los titulares de tres teléfonos de interior relacionados con el “caso faisán”

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado al Ministerio del Interior que identifique a los titulares de tres números de teléfono de su departamento con los que los imputados del “caso Faisán” intercambiaron varias llamadas en las horas previas y posteriores al chivatazo a ETA, que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006 y que alertó a la banda terrorista de la operación policial que se iba llevar a cabo contra su aparato de extorsión.
El magistrado responde así a la petición de la asociación Dignidad y Justicia -respaldada posteriormente por la Fiscalía-, que solicitó la semana pasada que se identificase a los titulares de los tres teléfonos como paso previo a citarles a declarar. Esta nueva diligencia se suma a las ordenadas por el magistrado la semana pasada en su intento por reactivar la investigación del "chivatazo".
El auto dictado hoy por el magistrado señala que los números de teléfono del Ministerio del Interior son “de relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados”. El escrito presentado por la asociación subrayaba que el informe elaborado por la Dirección General de la Policía sobre el tráfico telefónico de los tres imputado -el ex director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo y otros dos miembros del cuerpo- no refleja las llamadas que realizaron y recibieron de tres números pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior entre el 1 de mayo de 2006 -un día antes de la delación- y el 16 de septiembre de ese año.
El magistrado señala que, una vez sean identificados los titulares de los teléfonos, decidirá si cita a declarar o no a sus usuarios.
Ruz solicita de forma complementaria al director adjunto operativo de la Policía Nacional que le comunique si uno de los agentes imputados –la persona que se cree que entregó a Joseba Elosua, dueño del bar “Faisán” y presunto enlace del aparato de extorsión, el móvil con el que supuestamente se le alertó de la operación policial- tenía autorización para desplazarse a Irún (Guipúzcoa) el día de los hechos.
CONTRADICCIONES EN LAS DECLARACIONES
Ruz ha decidido además citar a declarar en calidad de testigo al superior jerárquico de Carlos G., el jefe del equipo conjunto de investigación franco-español contra el aparato de extorsión de ETA. El superior, que en el momento de los hechos era comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional, deberá comparecer en la Audiencia el 8 de febrero de las 12.30 horas.
Dignidad y justicia solicitó esta comparecencia para esclarecer las “contradicciones existentes” entre la versión de los hechos de este último con el informe elaborado por la Dirección General de la Policía.
El citado informe, elaborado por el superior jerárquico, destaca que durante el 3 de mayo de 2006, un día antes del chivatazo, Carlos G. fue “reticente” a llevar a cabo el operativo contra el aparato de extorsión en torno al bar “Faisán” de Irún (Guipúzcoa) “argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos dado el momento de la tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre”.
ASUNTOS INTERNOS
El magistrado solicita además otra serie de diligencias, entre las que destaca la toma de declaración en calidad de testigo para el próximo 8 de febrero de Fernando Amos García, antiguo comisario provincial de San Sebastián, una comparecencia solicitada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
Ruz ha decidido asimismo citar a declarar en calidad de testigo para ese mismo día al que fuera Jefe del Grupo VII de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián de la Policía Nacional. El magistrado solicita de forma previa la identificación de esta persona para poder llamarle a declarar.
El juez pregunta por último a la Policía Nacional si existe algún otro informe de la Unidad de Asuntos Internos –que no haya sido aportado todavía a la causa- en relación a la actuación llevada a cabo por los funcionarios policiales que participaron en la operación.