(ampliación) ruz acuerda continuar investigando el asesinato del diplomático carmelo soria bajo la dictadura de pinochet

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado en un auto dictado hoy continuar con la investigación del asesinato del diplomático español Carmelo Soria el 14 de julio de 1976 en Chile, por el que están procesados siete miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) responsable de la represión durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En su auto, Ruz explica que procede mantener la investigación al haberse acordado el procesamiento por delitos de terrorismo, además de los de genocidio y detención ilegal, y por ser la víctima española, por lo que se cumplirían los requisitos exigidos por la reforma de la justicia universal.
Por tanto, el juez considera que concurren en el presente caso los supuestos necesarios “para afirmar la competencia de la jurisdicción española” y no sólo por los delitos de terrorismo, sino que “debe extenderse al enjuiciamiento de los conexos”.
Además, Ruz ha acordado reiterar la comisión rogatoria enviada a Chile el pasado mes de enero para determinar si en aquel país existe una investigación de los hechos. Una vez recibida se elevará exposición motivada al Tribunal Supremo al objeto de determinar si en Chile ha existido “disposición a actuar” en relación con los hechos.
Por tanto, el magistrado rechaza la petición del fiscal de concluir el sumario y mandarlo a la Sala para que decida sobre el archivo o continuación del procedimiento “por cuanto difícilmente podrían seguirse los trámites necesarios para el cumplimiento de una comisión rogatoria y la posterior exposición razonada al TS con las actuaciones archivadas”.
Respecto a las diligencias solicitadas por las partes en las piezas I y II de la causa relativas a los hechos ocurridos durante la represión argentina a partir de 1976, las remite a la Sección Tercera de lo Penal, donde se encuentran elevadas “a los efectos oportunos”.
Esta decisión del juez Ruz representa un nuevo varapalo a la aplicación de la reforma de la justicia universal aprobada en marzo pasado y una negativa explícita a aceptar el criterio de la Fiscalía, que es favorable a que sea la Sala de lo Penal la que decida sobre el archivo de las causas pendientes y que presentara la cuestión de inconstitucionalidad.
La pieza sobre la que hoy se ha pronunciado el juez formaba parte del sumario abierto por el exmagistrado Baltasar Garzón contra el dictador chileno ya fallecido Augusto Pinochet, que inició la era de los procedimientos de justicia universal en España.
La justicia chilena decidió en 2013 no extraditar a los siete agentes de la extinta Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de Augusto Pinochet, acusados del secuestro y asesinato del diplomático español en 1976.
En opinión de la Fiscalía Judicial de ese país, no era “pertinente proceder a tramitar un pedimento de extradición respecto de un hecho que está siendo investigado por los tribunales” chilenos.
Por eso se desestimó la solicitud de la Audiencia Nacional contra José Ríos San Martin, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres, René Quilhot Palma, Michel Vernon Townley Welch y Manuel Contreras Sepúlveda, exdirector de la DINA. Varios de los requeridos han sido condenados en Chile por violaciones de los derechos humanos y la entrega no puede realizarse mientras no cumplan las penas impuestas.
Todos ellos están encausados por delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal de Carmelo Soria, que trabajaba como personal diplomático para Naciones Unidas en la CEPAL (Comisión Económica para América Latina).
El auto inscribe los hechos en “el proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar emprendido por la dictadura chilena". Los agentes de la dictadura chilena, que pertenecían a la 'brigada Mulchén', lo secuestraron y torturaron. Después de romperle casi todas las costillas, lo forzaron a beber alcohol y fue estrangulado. "Pobre Chile…", dijo Carmelo Soria antes de fallecer.
Los torturadores, que querían saber su relación con el Partido Comunista, escribieron una carta falsa y la pusieron en uno de sus bolsillos para que pareciese que se había emborrachado al enterarse de que su mujer le era infiel. Los agentes lanzaron su cuerpo y su coche a un canal para simular un accidente. El cuerpo del español fue hallado veinticuatro horas después.