Andalucía alerta de que suspensión Ley Vivienda supondrá desprotección masiva

Sevilla, 16 ene.- La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha advertido hoy de que la paralización de la Ley de la Función Social de la Vivienda supone una "desprotección masiva" de derechos, por lo que ha pedido al Constitucional que no agote el plazo de cinco meses para levantar la suspensión cautelar.

Según la consejera, el recurso presentado por el Gobierno central y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, "provocará desahucios y especulación porque ése es precisamente su objetivo", tras lo que ha recordado que en Cataluña está en vigor la Ley de Vivienda "asentada sobre preceptos similares" y que en ese caso el PP no recurrió.

A su juicio, el motivo de esta "asimetría" es que al Ejecutivo central no le "preocupan" los derechos ni la Constitución, sino que en Andalucía haya un Gobierno que "demuestra que hay alternativa y que pone en evidencia el fracaso" de las políticas del PP.

"Este recurso encarecerá el acceso a la vivienda, puesto que la ley pretendía abaratarlo mediante la salida en alquiler asequible de las viviendas vacías, y devolverá a la rutina las imágenes de violencia contra las familias que no pueden pagar su hipoteca a causa de la estafa financiera", ha afirmado Cortés en un comunicado.

Ha explicado que la paralización afecta, fundamentalmente, a dos aspectos de la Ley: la expropiación de viviendas a los bancos para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, y las sanciones a entidades financieras por mantener viviendas vacías y no sacarlas en alquiler asequible, mientras que el resto de la normativa sigue en vigor.

La consejera andaluza ha lamentado la "infinita cobardía" del Gobierno central, que ha presentado el recurso "sin dar la cara, avergonzado de sí mismo, consciente de que todo el mundo sabe que está actuando únicamente guiado por la defensa de los intereses de la elite financiera y los especuladores".

La ley andaluza, en vigor desde el pasado octubre, ha permitido expropiar 39 viviendas hasta el momento en las provincias de Málaga (15), Granada (6), Sevilla (5), Córdoba (5), Cádiz (3), Almería (3) y Huelva (2), y hay otros doscientos expedientes en estudio.

Dos de estas expropiaciones, en Huelva y Torremolinos (Málaga), ya han sido totalmente culminadas por el Consejo de Gobierno, por lo que "no tienen marcha atrás, ya que el recurso no tiene efecto retroactivo", ha subrayado Cortés.

Ha recordado que cuando el Gobierno recurrió en julio el decreto ley que antecedió a esta Ley había más de una decena de expedientes de expropiación iniciados y, durante los tres meses en que la norma estuvo suspendida hasta que la aprobó el Parlamento, ningún juez desahució a estas familias.

"La paralización de la Ley, así como sus consecuencias, son ahora responsabilidad del presidente del Gobierno, de sus ministros y del grupo que los sostiene en el Congreso", ha advertido Cortés.