Andalucía cree que la subida del IRPF no revertirá al 50% a las CCAA

  • La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha dicho hoy que piensa que la subida del IRPF no revertirá al cincuenta por ciento a las CCAA, lo que es "incoherente" si el Gobierno ha tomado esta decisión por la desviación del objetivo de déficit de las autonomías.

Madrid, 17 ene.- La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, ha dicho hoy que piensa que la subida del IRPF no revertirá al cincuenta por ciento a las CCAA, lo que es "incoherente" si el Gobierno ha tomado esta decisión por la desviación del objetivo de déficit de las autonomías.

Martínez Aguayo se ha expresado en estos términos antes de participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que preside el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

La consejera ha asegurado que Andalucía aborda esta reunión desde la "máxima lealtad" y con "responsabilidad", pero que va a pedir a Montoro que explique cómo afecta el ajuste presupuestario del Gobierno de 8.900 millones de euros a las comunidades.

Martínez Aguayo ha comunicado que va a explicarle al ministro la "incoherencia" que supone, a su juicio, que si la desviación del déficit del 6% al 8% se debe a las CCAA, se tome como medida "más poderosa" la subida del IRPF en el tramo estatal y que no revierta en las autonomías, o que "hipotéticamente" puede revertir por la vía de una evolución de los impuestos tributarios estatales en 2014.

"No tiene mucho sentido y, por lo tanto, vamos a pedir explicaciones", ha considerado la consejera de la Junta, quien insistirá en la reunión en que haya un "objetivo individualizado de déficit" para cada autonomía.

Para Martínez Aguayo, "no tiene sentido" que Andalucía, con un endeudamiento por habitante de 1.600 euros aproximadamente pueda hacer uso del déficit en unos 230 euros por habitante, mientras que la Comunidad Valenciana tenga una capacidad de cincuenta euros más cuando su deuda por habitante es de unos 4.000 euros.

Asimismo, solicitará al Gobierno una "aplicación leal" del modelo de financiación y "que se tenga en consideración la agilidad que tiene que tener la administración para dar las autorizaciones que legalmente tenemos permitidas".

Martínez Aguayo ha recordado que "no es ninguna novedad" que se puedan poner sanciones a las comunidades si no cumplen con sus compromisos, pues ya estaba recogido en la ley de estabilidad y en los acuerdos previos del CPFF.

No obstante, ha agregado que están dispuestos a trabajar en esta cuestión.

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