Andalucía recurre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado

Sevilla, 4 mar.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado hoy interponer un recurso contra la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado al considerar que pone "en grave riesgo" el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta defiende el principio de unidad de mercado y la simplificación de los trámites administrativos, pero cree que esta ley no lo garantiza porque "parte de una premisa falsa": considerar que el modelo autonómico ha conducido a fragmentar la unidad de mercado.

Según la Junta, no existe este problema generalizado, sino situaciones específicas para las que habría sido más "apropiado" un tratamiento pormenorizado y no una ley que "confunde unidad con uniformidad", ajena al criterio descentralizador de la Constitución.

El portavoz ha acusado al Gobierno central de "entrar como un elefante en una cacharrería para dinamitar" el Estado de las autonomías y ha destacado como uno de los "aspectos más preocupantes" la "prevalencia" de la Administración del Estado "sin tener en cuenta el lugar en el que se realiza la actividad".

A juicio del Gobierno andaluz, esta norma vulnera los principios constitucionales de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, así como las competencias autonómicas en la regulación de la actividad económica, protección de los consumidores y defensa de la competencia.

Además introduce criterios "desreguladores y recentralizadores" que generarán "incertidumbre" en el sector empresarial, según el Gobierno andaluz, que ha recurrido diez artículos, una disposición adicional y tres disposiciones finales de la ley.

La Junta argumenta que la nueva ley obliga a la autoridad autonómica a aplicar la normativa propia del territorio de origen de los operadores económicos sin tener en cuenta el lugar donde desarrollan sus actividades.

"Esta circunstancia puede derivar en una elevada litigiosidad entre instituciones, con la consiguiente inseguridad jurídica, además de generar diferencias de normativa aplicable y situaciones de desigualdad material entre empresas y entidades que realizan una determinada actividad en el mismo territorio", ha señalado el portavoz.

Al mismo tiempo, la Junta cree que "desprotegen" los derechos de los consumidores y usuarios, dado que se reformulan las razones para justificar la exigencia de una autorización, declaración responsable o comunicación previa en el acceso o ejercicio de una actividad económica.

Entre otras, se eliminan circunstancias consideradas "imperiosas y de interés general" por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como la seguridad y la salud de los consumidores o la conservación del patrimonio histórico.

En materia de consumo, la ley impide a la Junta sancionar incumplimientos de normas de elaboración y calidad aplicables a los productos si estos se han fabricado fuera de Andalucía.

La propia potestad reguladora de la comunidad se ve afectada con la imposición de una valoración previa y de una evaluación periódica, por parte de otras administraciones, de los proyectos normativos de la actividad económica con incidencia en la unidad de mercado, alega la Junta.