Ankara ha trasladado ya a 5.000 agentes que investigaban casos de corrupción

Ankara, 23 ene.- El Gobierno turco ha destituido o trasladado de sus puestos a unos 5.000 agentes de Policía que trabajaban en algunas de las investigaciones por corrupción que afectan a personas cercanas al Ejecutivo o al partido gubernamental, según el recuento que hacen hoy varios medios locales.

El diario Habertürk señala que con el traslado el miércoles de 600 agentes en varias ciudades, son ya casi 5.000 el número total de efectivos que han sido colocados en otros puestos desde hace un mes.

Este medio especifica que sólo en Ankara, la capital, han sido trasladados ya unos 3.000 agentes, mientras que en Estambul, la mayor ciudad del país, la cifra alcanza los 1.612.

Según el rotativo Vatan, el número total de traslados es de 4.000, mientras que Birgün cifra en 1.500 los cambios de puestos en la capital.

Ayer miércoles 470 agentes de Ankara, la mayoría destinados en el departamento contra el contrabando y el crimen organizado, fueron colocados en otros puestos menos influyentes.

Entre los 100 agentes a los que se comunicó ayer el traslado en Estambul se cuentan ocho altos mandos.

Entre los oficiales recolocados figura el jefe del departamento de delitos financieros, que ha sido nombrado subjefe en la unidad de antidisturbios.

Este oficial estaba al cargo de una investigación sobre corrupción en el puerto de la ciudad de Esmirna, en la que aparece implicado el candidato a alcalde del gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP).

Además de los cambios en la Policía, el Ejecutivo ha trasladado a más de cien jueces y fiscales a los que considera cercanos al movimiento islamista del predicador Fethullah Gülen, al que el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, acusa de conspirar contra su Gobierno.

El Ejecutivo también ha propuesto una reforma del máximo órgano de la Judicatura, conocido por sus siglas HSYK, que lo pondría bajo control del Ministerio de Justicia, en lo que la oposición, e incluso la Unión Europea, han visto como una amenaza para la separación de poderes y el estado de Derecho.