Sevilla, 7 feb.- La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy una fianza de responsabilidad civil de 5.579.696 euros para Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, por nueve "intrusos" aparecidos en los ERE que autorizó durante su mandato y en los que favoreció a sindicalistas o al PSOE, según la juez.
Rivas se había quejado de indefensión por los tres años transcurridos desde que fue imputado sin haber sido citado para declarar, pero hoy se ha acogido a su derecho a no hacerlo dado que la juez Mercedes Alaya no ha respondido aún de cuatro peticiones, entre ellas que su comparecencia fuese grabada y la magistrada custodiase la única copia.
Además pidió que se aportara el último atestado de la Guardia Civil sobre el ERE de Mercasevilla, que se informara sobre las nuevas pruebas sobre su "presunto enriquecimiento ilícito", según los investigadores, y conocer de antemano los hechos concretos que la juez Alaya iba a imputarle.
Hoy la juez le ha imputado presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias por los ERE que autorizó "discrecionalmente" bajo su mandato, que se hicieron "con total ausencia de procedimiento" pues "ni siquiera existían unas bases reguladoras publicadas en el Boletín Oficial".
Entre otros, le ha imputado haber incluido como "intrusos" a su cuñado José Antonio Márquez en el ERE de Surcolor; a Antonio Garrido Santoyo, secretario de Administración de UGT en Sevilla, en el ERE de Mercasevilla; y en el expediente de Intersur a José Antonio García Prieto, concejal de Camas (Sevilla) cuando él era alcalde y a Manuel López Espadas, esposo de una concejal del PSOE.
En cuanto al expediente de Aglomerados Morell, la juez recoge que Rivas impulsó ese ERE destinado a "favorecer al PSOE" de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), localidad donde se iba a instalar la empresa y para lo que previamente "exigieron el despido de parte de la plantilla y contratar a trabajadores de dicha localidad".
Sobre el ERE de 2007 en Mercasevilla, la juez le ha imputado haberlo aprobado pese a que las razones del primer expediente, en 2003, fueron la plantilla sobredimensionada y en ese plazo la empresa había vuelto a contratar al mismo número de personas.
Igualmente, Rivas ejerció su influencia sobre el entonces director general de Trabajo para atender "el compromiso adquirido con la federación de Industria de CCOO" de incluir en el ERE de Calderinox a su afiliado Antonio Fernández Garzón, según Alaya.
Tras la lectura de las imputaciones, las acusaciones han pedido como medidas personales la comparecencia de Rivas en un juzgado cada cierto plazo y la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 5.679.696 euros por el importe de las ayudas presuntamente fraudulentas.
El abogado de Rivas, Jon Ander Sánchez, ha hecho constar que los ERE se aprobaron "previo informe favorable de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, que legalmente es el garante de la legalidad en estos procedimientos".
Además, los expedientes "sin excepción, fueron acordados entre las respectivas empresas y las representaciones legales de los trabajadores" y cuando esto se produce "la homologación o autorización por parte de la Junta de Andalucía es obligada y por tanto, poca capacidad de maniobra" tenía Rivas. EFE
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