Anticorrupción se opone al recurso de la Junta contra imputación de Álvarez

Sevilla, 19 jul.- La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso de la Junta de Andalucía contra la imputación en el caso de los ERE de la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez y otras 19 personas, y ha pedido que se mantenga la declaración como imputado del exinterventor Manuel Gómez.

La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, rechaza que la juez Mercedes Alaya haya "criminalizado" las llamadas transferencias de financiación, las modificaciones presupuestarias y las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Junta, sino que simplemente la magistrada "parte del uso perverso" de tales figuras y su "uso finalísticamente dirigido a burlar todos los controles de la Intervención de la Junta".

El objetivo sería "poder dilapidar los fondos públicos, favoreciendo y enriqueciendo a terceros" y ese supuesto delito "implica a todos aquellos que, conociendo tal uso perverso, lo hicieron posible o simplemente no lo evitaron".

Anticorrupción niega el argumento de la Junta de que el auto de la juez Alaya no tuviese la motivación suficiente, pues tal aspecto no es "plenamente exigible" para el respeto al derecho de defensa de los nuevos imputados, entre los que se encuentran la exministra Magdalena Álvarez y nueve altos cargos o exaltos cargos.

La Fiscalía Anticorrupción, además, se ha opuesto a la petición del Gobierno andaluz de que se suspenda la declaración como imputado del exinterventor de la Junta Manuel Gómez, prevista para el próximo 25 de julio, posición que también mantiene la acusación particular que ejerce el PP, ha anunciado hoy la vicesecretaria andaluza de dicho partido Alicia Martínez.

En su escrito, Anticorrupción dice que le "llama la atención" que hasta el momento el único recurso interpuesto contra el auto de imputación no provenga de uno de los nuevos imputados sino de la Junta, que ejerce la acusación particular.

En cuanto a la vulneración del derecho de defensa, la Fiscalía entiende que "no es plenamente exigible que tal relato lo más pormenorizado posible" de los hechos delictivos sea hecho al imputado antes de comparecer ante el juez asistido de letrado "y con todas las garantía legales y derechos".

La Junta argumentó que, según el razonamiento de Alaya, deberían ser acusados todos los diputados andaluces que aprobaron las sucesivas Leyes de Presupuestos, pero la Fiscalía responde que la juez sólo "criminaliza" el "uso perverso" de las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias.

Esa finalidad "sí es penalmente relevante e implica a todos aquellos que, conociendo tal uso perverso, lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron" porque "la fórmula montada tiene una apariencia formal de legalidad pero una ultima finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categoría de infracción o irregularidad administrativa".

Esa finalidad "se sedimenta en hechos objetivos que parten del uso indebido de la figura de las transferencias de financiación, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideración como subvenciones de las ayudas sociolaborales", añade el escrito.

Todo ello "junto a la fórmula consagrada en el convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA del mes de julio de 2001, que hábilmente, a los mismos efectos de evitar cualquier fiscalización que estorbara, separaba el expediente de la ayuda del pago", por lo que el interventor "al fiscalizar el pago no contaba ni podía contar con el expediente previo de la ayuda".