Aprobada la ley de jurisdicción voluntaria, que eleva a los 16 años la edad mínima para contraer matrimonio

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que entre otras cosas eleva de 14 a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio, con la finalidad de adecuarla a la que el Código Penal establece como mínima para consentir relaciones sexuales.
La ley tiene como objetivo principal liberar a los jueces de la resolución de asuntos que a partir de la aprobación del texto podrán realizar los notarios, los registradores y también los secretarios judiciales.
Por ejemplo, podrán celebrar matrimonios y divorcios, siempre que sea de mutuo acuerdo. Sin embargo, el reconocimiento de esa capacidad no entrará en vigor hasta 2017, para acompasarla con la modificación del Código Civil.
Entre las enmiendas del Senado aprobadas por el Congreso de los Diputados y que quedan incorporadas a la ley figura una impulsada por el PP para eliminar las restricciones a que personas con determinadas discapacidades puedan ejercer como testigos en testamentos.
En el debate de las enmiendas, el portavoz socialista, Antoni Such, anunció su voto en contra por la falta de consenso, las dificultades en la labor de los grupos parlamentarios al enmendar el texto del Gobierno, y la apuesta “por la ideología conservadora” que destila la ley.
Denunció que solo 7 de las 94 enmiendas presentadas por el PSOE en el Congreso de los Diputados, y 9 de 181 en el caso del Senado, han sido admitidas o transaccionadas por el PP, en algunos casos de forma “tan insatisfactoria” que no merecen el respaldo de su grupo. El PP, aseguró, ha usado esos trámites para cambiar aspectos “muy relevantes” de la ley sin acuerdo con los demás grupos.
Jordi Jané, en nombre de CiU, subrayó que la Ley llega “con muchísimos años de retraso” porque el llamamiento al legislador se hizo en la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada en 2000.
Alertó de que no es el texto que gustaría a la mayoría de los grupos parlamentarios, más allá del que ostenta la mayoría absoluta, y tampoco a los operadores jurídicos que tendrán que aplicarla, y denunció que no se han respetados los derechos de los grupos a enmendar, porque el PP aprovechó este trámite para emprender una “mutación global” del texto. Por ello, anunció que su grupo votaría a favor algunas enmiendas, en contra otras, y abstención en otras.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, se mostró de acuerdo con la atribución de competencias a notarios, registradores y secretarios judiciales en algunos casos, pero mostró su “prevención” en otros. Las soluciones extrajudiciales, advirtió, “no terminan de cuajar en nuestra práctica ni en nuestro ordenamiento jurídico”.
Por el PP, Beatriz Escudero subrayó que la ley da respuesta a muchísimos de los problemas cotidianos de los ciudadanos y permite hacer una justicia “más ágil, más eficaz y más cercana”. Pidió por ello rescatar el texto del debate “frívolo” sobre una supuesta privatización de la justicia o establecimiento de una “doble vía para ricos y pobres”.