Argentina eleva a juicio caso por represión a víctimas uruguayas y argentinas

  • Un juez de Argentina elevó hoy a juicio oral parte de la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti que involucra a víctimas uruguayas y argentinas.

Buenos Aires, 27 sep.- Un juez de Argentina elevó hoy a juicio oral parte de la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti que involucra a víctimas uruguayas y argentinas.

La decisión fue adoptada por el magistrado a cargo de la investigación, Daniel Rafecas, quien ya había elevado a juicio oral otros capítulos de esta "megacausa".

Esta vez, el magistrado envió a juicio a tres ex altos oficiales de la Policía Federal del área de Inteligencia, acusados por secuestros, torturas y homicidios ocurridos en el centro clandestino de detención Orletti, según informó el Centro de Información Judicial.

La medida recayó sobre el excomisario inspector Rolando Oscar Nerone, el ex subcomisario Oscar Roberto Gutiérrez y el subcomisario retirado José Néstor Ferrer, todos de la Policía Federal Argentina.

Los tres acusados se encuentran detenidos en el complejo penitenciario federal de la localidad bonaerense de Marcos Paz.

Según se probó en la etapa de investigación, Nerone y Gutiérrez llevaron a cabo el 26 de septiembre de 1976 un operativo ilegal en la localidad bonaerense de San Martín, en el cual detuvieron a Victoria Lucía Grisonas y asesinaron a su pareja, Mario Roger Julien, ambos uruguayos.

En el operativo estaban presentes los dos hijos de la pareja, Anatole Boris, de 4 años, y Victoria Eva, de 2.

Victoria Lucía y los dos niños fueron llevados a Automotores Orletti, del barrio porteño de Floresta.

La mujer permanece desaparecida, mientras que sus dos hijos, siempre en un marco de ilegalidad, fueron llevados a Uruguay y luego a Chile, donde fueron abandonados en una plaza de Valparaíso y luego adoptados legalmente por una familia de ese país, precisó el CIJ.

En el caso de José Néstor Ferrer, el juez Rafecas dio por probado que comandó un operativo realizado el 14 de septiembre de 1976 en un apartamento del barrio porteño de Chacarita en el que fueron secuestrados Ana María del Carmen Pérez, embarazada de ocho meses, y Gustavo Adolfo Gayá, y fue asesinada la esposa de este último, Estela María Moya de Gayá.

El hijo de Gustavo y Estela, de nombre Ernesto, de dos años de edad, fue trasladado de madrugada a la casa de sus abuelos.

Ana María y Gustavo fueron llevados a "Orletti", donde compartieron cautiverio con Ricardo Gayá, hermano de Gustavo y pareja de Ana María, quien había sido detenido meses antes y llevado al centro clandestino de detención.

"Orletti" funcionó en un taller mecánico alquilado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE, servicios secretos) en mayo de 1976 para operar como sede del denominado "Plan Cóndor", de coordinación de las dictaduras del Cono sur americano.

Una de las características de este centro de detención es que una de las formas escogidas por los represores para hacer desaparecer a las víctimas fue el homicidio y la posterior introducción de sus cuerpos en tambores de 200 litros, con cal y cemento, que luego eran arrojados en diversos sitios.

Entre los detenidos que fueron víctimas de esta atrocidad están Ana María del Carmen Pérez, que estaba con un embarazo a término y cuyo cuerpo fue hallado con un tiro en el vientre, y los hermanos Ricardo y Gustavo Gayá.

En el marco de esta "megacausa", Rafecas ya había enviado a juicio a varios ex agentes de Inteligencia y ex policías, que fueron condenados.

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