Oviedo, 22 ago.- El Principado estudiará las posibilidades legales que abre la sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica la no concesión de conciertos a centros educativos por segregar a niños y niñas en las aulas, a la hora de renovar estos convenios, que se realiza cada cuatro años y que se llevará a cabo en 2013.
En un comunicado, la consejera de Educación del Gobierno asturiano, Ana González, ha mostrado su "satisfacción" por las dos sentencias del alto tribunal, que dan la razón a la Junta de Andalucía y al Gobierno de Cantabria y en las que se excluye a los centros que segregan por sexo de la posibilidad de concertar con la administración su sostenimiento con fondos públicos.
"La sentencia coincide con los planteamientos del Gobierno asturiano, que considera que no se puede sostener con fondos públicos ninguna propuesta educativa que discrimine en función de sexo y no considere la igualdad entre hombres y mujeres", afirma.
El 6 de mayo de 2009 la Consejería de Educación del Principado emitió una resolución inicial por la que denegaba los conciertos a dos centros que segregan por sexo argumentando discriminación, decisión que fue recurrida por varias entidades educativas ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que la estimó en abril de 2011, lo que dejó sin efecto dicha resolución.
El Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces recurrió esta sentencia ante el Supremo, pero, tres meses después, el nuevo Ejecutivo regional presidido por Francisco Álvarez-Cascos desistió de continuar con la tramitación del recurso lo que hizo que en octubre de 2011 se hiciese firme la resolución del TSJA.
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