Audiencia de Madrid cree que detenidos el 25S solo alteraron el orden público

Madrid, 20 mar.- La Audiencia Provincial de Madrid ha asumido la causa de los 35 detenidos el 25S junto al Congreso al considerar que debe ser este tribunal, y no la Audiencia Nacional, el que se encargue de la investigación porque pudieron cometer un delito contra el orden público pero no contra las instituciones.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe fechado el 28 de febrero, la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid revoca el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, por el que este órgano se inhibió a favor de la Audiencia Nacional al entender que los detenidos cometieron delitos contra las instituciones.

El auto de la Audiencia Provincial revoca esta decisión al estimar los recursos de apelación interpuestos por los arrestados contra la decisión del juzgado madrileño de trasladar la causa a la Audiencia Nacional.

Los letrados de los detenidos en las protestas del 25 de septiembre de 2012 en los alrededores del Congreso solicitaron la anulación de ese auto para que el proceso siguiera en el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, mientras que el Ministerio Fiscal entendió que debía revocarse únicamente en el caso de ocho imputados.

La Audiencia Provincial analiza si todos los detenidos incurrieron en los delitos previstos en el artículo 493 del Código Penal (invasión con fuerza, violencia o intimidación de la sede del Congreso) o en el artículo 495 (intentar penetrar en la sede del Congreso portando armas u otros instrumentos peligrosos), que serían competencia de la Audiencia Nacional.

Concluye que no se consumaron esos delitos "porque ninguno de los imputados realizó una invasión, entendida como entrada por la fuerza o de forma injustificada en la sede del Congreso de los Diputados".

En cuanto a una posible tentativa, el auto añade que "no existen indicios de que los imputados utilizaran medios ni realizaran actos que puedan considerarse idóneos para invadir la sede del Congreso, como pudieran ser el uso de armas u otros elementos con adecuación suficiente para vencer la protección establecida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", que habían colocado varios cinturones de seguridad ante la Cámara Baja.

Destaca asimismo que ninguno de los hechos imputados tuvieron lugar en una zona lo suficientemente próxima a alguna de las entradas al Congreso como para poner "objetivamente en peligro el bien jurídico protegido, ligado a la protección del Parlamento y su inviolabilidad".

Por eso descarta que los imputados incurrieran en los delitos previstos en los artículos 493 y 495 del Código Penal y concluye que "se han producido hechos que podrían ser constitutivos de determinados delitos contra el orden público que en ningún caso serían competencia de la Audiencia Nacional".

Contra la resolución de la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid no cabe recurso alguno.

La Comisión Legal del Movimiento 15M ha celebrado esta resolución, que en su opinión "pone coto a la estrategia criminalizadora de la Brigada de la Información y de Delegación de Gobierno, que trató de 'fabricar' un atestado para que los detenidos fuesen imputados nada menos que por un delito contra las altas instituciones del Estado que no habían cometido".

"Esperamos que ahora se vayan aclarando cada una de las arbitrarias detenciones ocurridas el 25 de septiembre y que se investiguen los malos tratos sufridos por las personas detenidas en su estancia en la Comisaría de Moratalaz y que fueron objeto de denuncia", ha añadido en un comunicado.