Audiencia ratifica la fianza de 3,2 millones a CDC por el expolio del Palau

Barcelona, 3 jul.- La Audiencia de Barcelona ha ratificado la fianza de 3,2 millones que el juez del "caso Palau" impuso a Convergencia Democràtica de Cataluña (CDC) por el expolio de la institución, al apreciar indicios de que el partido recibió pagos de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicarle obra pública.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona rechaza el recurso presentado por CDC, al que se sumó el exresponsable de Ferrovial en Cataluña Pedro Buenaventura -imputado en la causa-, y mantiene la fianza de 3,2 millones que el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, impuso a la formación política en julio del pasado año.

En el auto, la Audiencia avala los argumentos esgrimidos tanto por el juez de instrucción como por la Fiscalía y concluye que la imposición de la fianza -que ha comportado que CDC tenga su sede embargada-, no se puede considerar ni "arbitraria" ni "infundada".

"La presencia sucesiva de dos responsables de fianzas de Convergencia en documentos obtenidos de los responsables del Palau, en los que se dejaban por escrito cantidades y porcentajes, vinculados a obras en las que había obtenido adjudicación en todo o en parte la empresa Ferrovial, apunta indiciariamente hacia una relación entre la adjudicación de tales obras y la actuación de CDC consiguiendo semejantes réditos para la empresa patrocinadora del Palau", remarca el fallo.

En el auto, la Audiencia no descarta que, además del "eventual trasiego de fondos entre el Palau y los responsables financieros de CDC", de forma paralela a esta trama "subsistiera otra dirigida a descapitalizar simple y llanamente la Asociación-Fundació y que parte de dichos fondos terminaran igualmente en el entorno de la formación política".

A la hora de justificar su decisión para mantener la fianza a CDC, la Audiencia se remite a los argumentos esgrimidos por el juez del "caso Palau", Josep Maria Pijuan, que en julio del pasado año estimó en un auto que la formación se lucró como mínimo con un total de 3.297.079 euros, en los que estableció la fianza.

En concreto, el juez instructor sostuvo en el auto de julio del año pasado que CDC recibió fondos del Orfeó Català por valor de 2,3 millones de euros a través de "entregas opacas de dinero en efectivo" realizadas entre 2002 y 2008 por parte de los saqueadores confesos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, con la supuesta colaboración de la exdirectora financiera, la también imputada Gemma Montull.

Estas "entregas opacas" de dinero por valor de 2,3 millones de euros fueron a parar a los entonces responsables de finanzas de CDC Carles Torrent -ya fallecido- y Daniel Osàcar -también imputado-, aunque el destinatario final era Convergencia, según el magistrado.

El juez instructor también apreció indicios de que CDC se benefició de una desviación de fondos de la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música por importe de al menos 0,9 millones de euros, a través de las empresas de buzoneo New Letter y Letter Graphic, que se instrumentalizó "mediante facturación mendaz" entre 2007 y 2009, ya que o bien facturaron al Palau por servicios que no habían prestado o bien los servicios los prestaban a CDC y los cobraban a la institución.

Según el auto, en el cobro de estas comisiones habrían intervenido Millet y Montull como intermediarios entre Ferrovial y personas afines a CDC, partido del entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, cuando se adjudicaron obras públicas, como la línea 9 del metro de Barcelona y la construcción de la Ciutat de la Justicia.

La Audiencia de Barcelona también recoge en el auto los argumentos de la Fiscalía para reclamar la fianza a CDC y recuerda que el propio Ministerio público ha aclarado que, aunque la formación política "no sería 'ajena' al delito", no puede ser perseguida por estos hechos porque cuando ocurrieron "no existía aún la responsabilidad penal de las personas jurídicas".